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El Defensor del Pueblo reclama las administraciones públicas competentes intensificar las campañas de inspección y control para evitar nuevos casos ‘Idental’, así como incoar eficazmente los procedimientos sancionadores correspondientes, ejecutar las sanciones impuestas y realizar campañas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos para que conozcan sus derechos en estos ámbitos.
“El impacto sobre la salud de los afectados, junto con los perjuicios económicos causados por el cierre de estas clínicas, ponen de manifiesto la conveniencia de supervisar en este tipo de centros la calidad y seguridad de las prestaciones sanitarias, la información ofrecida y las prácticas publicitarias y el respeto a los derechos y garantías de los usuarios”, señala en el Informe Anual 2018, presentado este martes por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
En 2018 miles personas en toda España se vieron afectadas por el cierre definitivo y repentino de las clínicas Idental. Tras conocerse el suceso, explican, la institución ha recibido un elevado número de quejas de afectados que denuncian tratamientos incompletos, mala praxis, dificultad para acceder a sus historias clínicas (necesarias para iniciar una reclamación) y créditos vinculados en ejecución.
En la mayoría de las quejas, los afectados no habían presentado las oportunas reclamaciones a las administraciones competentes de consumo y sanidad. Esta institución les informó sobre las vías correspondientes para reclamar sus derechos, tanto en materia de sanidad como de consumo, ante las consejerías autonómicas competentes y, en el caso de tener un crédito vinculado, ante el departamento de defensa del cliente de la entidad financiera o bien ante el Banco de España, dirigiéndose al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.
Además, el Defensor del Pueblo está haciendo un seguimiento de las distintas actuaciones administrativas en aquellas comunidades autónomas en las que los afectados que se han dirigido a la institución habían presentado reclamaciones. Concretamente, hasta la fecha de elaboración de este informe, esta institución había iniciado actuaciones con Cantabria, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Las administraciones sanitarias, una vez se produjo el problema y comenzaron a recibir reclamaciones, ejercieron sus potestades, realizando actuaciones de inspección, control y sanción del incumplimiento de la normativa estatal y autonómica relativa a los requisitos de autorización y funcionamiento de centros y servicios sanitarios.
Además han procedido a contabilizar, ordenar y digitalizar las historias clínicas a fin de que los afectados puedan recuperarlas. Por otra parte, los órganos de consumo han ido informando a los afectados de los distintos medios a través de los cuales podían defender sus intereses y también han ido tramitando las reclamaciones recibidas; y se han llevado a cabo gestiones de mediación con las entidades financieras implicadas.
Los afectados, de conformidad con lo previsto en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, pueden solicitar ante la entidad financiera la cancelación del contrato de crédito o la financiación suscrita, ya que el consumidor, además de poder ejercitar los derechos frente al proveedor de los servicios podrá ejercitarlos frente al prestamista.
Por otro lado, los órganos de consumo también han realizado actuaciones inspectoras y han incoado expedientes sancionadores, pendientes en su mayoría de concluir. En el mes de septiembre de 2018, el Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, que tramita la investigación de la presunta macro estafa que Idental ha realizado en toda España, solicitó que se le remitiesen copia de las reclamaciones que se presentasen.
