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La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles, 5 de junio, a los acusados L.A.M, director técnico de la sociedad Aguas de Alcázar, y D.D.A, arquitecto técnico del Ayuntamiento, por firmar las certificaciones de dos obras que no habían comenzado en Alcázar de San Juan. Unos hechos que la Fiscalía considera constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil, por lo que ha solicita una pena de 3 años y 3 meses de prisión para cada uno de ellos.
Unos hechos que se remontan a 2009, según recoge el escrito de acusación, momento en que ambos acusados, en su condición de funcionarios públicos, asumieron la dirección facultativa de unas obras consistentes en la eliminación de barreras y mejora de las condiciones higiénicas de la zona del mercadillo, en la localidad de Alcázar de San Juan.
El escrito explica que tras adjudicarles la redacción del proyecto de ejecución de dichas construcciones por el ayuntamiento alcazareño el 15 de junio de 2009, los acusados, «actuando con el propósito de manifestar una inveracidad en el tráfico jurídico», en dos ocasiones, oncretamente el 5 y el 30 de octubre de ese año, firmaron sendas certificaciones de obra.
Estas venían a acreditar, asegura la fiscalía a través de su escrito de acusación, la conclusión de unas obras consistentes en eliminación de barreras y mejora de las condiciones higiénicas de la mencionada zona del mercadillo, las cuales no habían siquiera comenzado.
Además, concluye que las dos certificaciones de obra llegaron a tener efectos reales y efectivos en el tráfico jurídico, a la vez que lograron la obtención de una subvención concreta por parte del Ayuntamiento, y generaron en el tráfico jurídico una realidad inexistente. Así, además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal ha solicitado inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público durante 4 años.
