/Sandra Manzanares/
Banco Santander anunciaba este martes su intención de cerrar 1.150 oficinas y acabar con 3.713 empleos en toda España, una situación que ha sembrado la incertidumbre entre los trabajadores de esta entidad en Albacete, que todavía desconocen si su oficina será una de las perjudicadas. Como informan los sindicatos, el objetivo de este Expediente de Regulación de Empleo es “evitar” las duplicidades en la red tras la adquisición de Banco Popular, así como “abordar” los retos de la transformación digital.
El proceso, que será negociado con los representantes de los trabajadores, comenzaba la pasada semana cuando la dirección del banco apuntaba que el mismo se articulará siguiendo el Convenio Colectivo de Banca. Será este jueves cuando se empiecen a conocer más datos sobre la “reordenación” de las oficinas de la entidad, ya que será entonces cuando la dirección del Santander presente a los sindicatos el informe técnico con las necesidades que “justifican” el ERE.
Como apuntaba la secretaria provincial de CCOO en Albacete, Carmen Juste, la entidad todavía se encuentra elaborando la distribución de las oficinas tanto a nivel provincial como autonómico, lo que dará lugar a un “reajuste” de los centros. Lo que sí ha trascendido es que, al menos dos oficinas de la provincia serán traspasadas a agentes colaboradores con motivo de la integración del Popular en el Santander. Al parecer, “el banco es proclive a negociar para que los trabajadores no salgan especialmente perjudicados”, de ahí la importancia de la reunión de este jueves, decía Juste.
Encuentro entre la entidad y la comisión representativa de los trabajadores, en la que CCOO cuenta con cinco integrantes del total de trece, siendo el sindicato mayoritario. Desde CCOO aseguran que tratarán de “reducir” las cifras planteadas por la entidad, además de pedir que se exploren posibles recolocaciones en el perímetro del grupo para “destruir el menor empleo posible” e invertir en la empleabilidad de la plantilla del banco para que afronte con éxito “los desafíos de la transformación digital”, aseguran.
Sucursales del Popular
En la misma línea, UGT apuesta por un plan de prejubilaciones que se pueda mantener en el tiempo, proponiendo también bajar la cifra global de despidos, por considerarla “excesiva”, y es que el banco ha manifestado su intención de reducir un 11% su plantilla y un 26% sus oficinas en España, lo que afectará principalmente a la red comercial, es decir, a 2.847 trabajadores; y a sus estructuras intermedias de apoyo, 588 empleos; además de a los servicios centrales, 278.
Otro de los problemas que acarrearía este ERE sería el “incremento” en la carga de trabajo en las oficinas que absorberán el negocio, que serían las de empresa de Santander, al no verse éstas afectadas por el cierre de sucursales, aunque su plantilla sí que entraría dentro del cómputo de perjudicados, debido a las duplicidades por el personal especializado de Popular. Según indica el responsable de bancos y cajas a nivel regional de UGT, Jacinto Navarro, “Santander querrá mantener sus unidades de negocio”, por lo que la reestructuración afectará principalmente al Popular.
Destaca Navarro que un primer ERE en la empresa ya afectó a los servicios centrales y ahora lo hará a las oficinas, recordando que la red comercial de Santander tiene 4.410 sucursales, de las cuales, 1.566 proceden del Popular. En cuanto a las oficinas que la dirección pretende suprimir, 929 son de la red universal, 200 de la red universal que pasan a la red de agentes y 21 oficinas de banca privada del Popular, a excepción de la ubicada en Madrid, que se mantendrá abierta.
El proceso no se iniciará antes de que finalice la integración tecnológica entre Santander y Popular, prevista para el próximo mes de julio, por lo que el acuerdo podría cerrarse entre mayo y junio, ejecutándose así después de verano. Las integraciones del Popular en Santander se están llevando a cabo por territoriales, siendo este fin de semana el turno de Castilla-La Mancha, donde dejarán de existir como tales las oficinas de Banco Popular. Según la dirección, todas las oficinas afectadas para su cierre lo estarán en diciembre de 2019, manteniéndose el compromiso, indican los sindicatos, de anunciar los cierres con 60 días de antelación, también para “tranquilidad” de los clientes.
