/Redacción/Foto: Jakometa/
Desde la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) se hacen eco de la Resolución, esta misma semana por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, de “seis expedientes sancionadores y de la imposición de multas a la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica por importe cercano al millón cuatrocientos mil euros como consecuencia de su pasividad negligente y consciente para evitar la electrocución de cinco águilas imperiales, un águila real y un milano real en tendidos eléctricos peligrosos en la provincia de Albacete”.
Desde la SAO “atribuimos en buena parte el mérito al incansable esfuerzo de los Agentes Medioambientales por el descubrimiento de los cadáveres que de otra manera habrían quedado impunes. En estos últimos años, a raíz de las novedosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, los Agentes Medioambientales de la provincia de Albacete incrementaron su labor de seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos, teniendo como resultado un mayor número de descubrimiento de cadáveres de avifauna electrocutada y por ello se efectuaron un mayor número de denuncias tanto a compañías eléctricas como a otras empresas y particulares”.
La SAO también indica que “han sido muy significativos los esfuerzos de seguimiento de los Agentes en las llamadas mallas de protección de avifauna por riesgo de electrocución, y que ahora se han traducido en la imposición de sanciones cuya importancia a nivel nacional comienza a ser ya reconocida en todo el territorio español. Nos consta una mayor concienciación de los Agentes Medioambientales respecto de las posibilidades prácticas de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que está siendo el revulsivo legal que obliga a los dueños de los tendidos a tenerlos en adecuadas condiciones de mantenimiento para evitar las previsibles electrocuciones. Insistimos en la profesionalidad de los Agentes que han intervenido en varios de los expedientes dado que han podido atestiguar sin ninguna duda que los cadáveres no habían sido manipulados tras sufrir las descargas eléctricas”.
En cuanto a las resoluciones sancionadoras, en la SAO “destacamos que las medidas para adecuar los tendidos deben ser las mejores tecnologías disponibles, tal y como contempla dicha Ley, las cuales no se usaron y de ahí las sanciones impuestas. También se contempla en las mismas que Iberdrola es culpable por dolo eventual a partir de que se publicaron en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha los territorios o mallas de protección de avifauna frente al riesgo de electrocución”.
Igualmente, la SAO afirma que “Iberdrola ha cuestionado nuestra participación en los expedientes sancionadores quejándose de que la Dirección Provincial de Medioambiente de Albacete nos hubiera reconocido la condición de interesado al efecto de poder tomar conocimiento de los expedientes sancionadores y formular algunas de las alegaciones que han sido atendidas por el Consejo de Gobierno”.
En cuanto a las medidas de corrección de los tendidos impuestas, desde SAO “seguimos denunciando que Iberdrola aún incumple las medidas de corrección del tendido eléctrico de Elche de La Sierra y Letur con más de 600 postes y cuya Sentencia de enero de 2018 persiste en incumplir alegando falta de medios materiales y humanos; por lo que consideramos previsible que incumpla también estas recientes resoluciones. Por tanto, instamos a los Agentes a revisar especialmente estos tendidos por si hubiera un nuevo caso de electrocución para denunciarlo penalmente”.
Además, señalan que “es una pena que no se haya sancionado a Iberdrola con la pérdida del derecho a percibir subvenciones de la Junta, tal y como se propuso desde Albacete; ya que recientemente se aprobó una línea de ayudas para reforma de tendidos dirigida únicamente a compañías distribuidoras eléctricas, dejando fuera a particulares, a pesar de las multimillonarias cifras de beneficios que tienen estas empresas; por lo que en lugar de aplicarse la Directiva Medioambiental que establece que quien contamina paga se está haciendo justamente lo contrario con las empresas más solventes: quien contamina cobra”, asegura la SAO para finalizar.
