La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha acogido este martes la primera de las sesiones de un juicio que se espera se prolongue hasta la semana que viene y en el que ha sentado en el banquillo de los acusados al director de una oficina bancaria de Tarazona de La Mancha, por aquel entonces Caja Campo, ahora perteneciente dicha entidad al grupo Caja Mar, por un presunto delito continuado de estafa y apropiación indebida por el que se enfrenta a una pena a petición de la Fiscalía de 6 años de prisión y multa de 4.320 euros, así como a una millonaria indemnización.
Una sesión que comenzaba con la declaración de dicho acusado hora y media más tarde de lo previsto debido al turno de las intervenciones de las partes en las cuestiones previas. Así comenzaba la fiscal señalando que dicho acusado fue designado apoderado de Caja Campo por escritura pública el 27 de marzo de 2007 otorgada en Requena ante notario, quedando detallada en su escritura de apoderamiento la forma y límites de uso de las facultades que le habían sido otorgadas. Unas atribuciones que ha manifestado el acusado le “fueron notificadas el 28 de noviembre de 2007”, aunque ha especificado que su acta laboral con la caja la firmó un año antes a sabiendas que “había trabajado con anterioridad como director de varias oficinas de otra entidad bancaria”.
A preguntas de la fiscal el acusado ha reconocido que “desde el primer momento en el que entré a la entidad podía conceder préstamos”, por lo que le ha remarcado las competencias que el acusado tenía atribuidas y entre las que se encontraba, como así ha reconocido él mismo, “se me limita una serie de parámetros para conceder los créditos”, la concesión de préstamos hipotecarios sin tener que requerir la autorización de superiores hasta un importe máximo de 200.000 euros, así como la autorización de préstamos personales que no superaran los 75.000 euros. Fuera de estos límites, remarca el escrito de acusación de la Fiscalía el acusado “debía solicitar autorización a los órganos superiores de la entidad para su concesión, para valoración de riesgos”. A este respecto ha puntualizado en todo momento el acusado que “los préstamos se han constituido siempre por un protocolo, y dependiendo de las peculiaridades del préstamo se comunicaba a riesgos. Yo he trabajado de forma a la normativa”.
Así, subraya la fiscal que ejerciendo como director el acusado entre 2008 y 2009 “concedió préstamos superando las cantidades permitidas y sin dar cuenta de ello a su superioridad”, a lo que ha matizado el acusado que “en todos los créditos firmados se ha seguido el protocolo que todos los bancos exigen, en cuanto a consultas de riesgos, bienes… se forma una propuesta y se deja constancia de quien la hace”, puntualizando además el acusado que “se dice que tácitamente he formalizado todos esos préstamos. Hay documentos de seguridad, y si se me imputan 30 préstamos me tendrán que decir el usuario que lo ha hecho porque hay algunos que se dice que los he realizado cuando he estado de baja o de vacaciones”. Esgrime además el escrito de la Fiscalía que dicho acusado “obtenía posteriormente una parte de los mismos para su beneficio y el de otros dos acusados a modo de comisiones ilegales u obteniendo el beneficio de manera directa al conceder créditos a sus familiares y a los otros acusados”.
Expone el escrito fiscal, el director de la oficina bancaria y acusado “formalizaba varios préstamos que individualmente tenían importes inferiores a los permitidos a favor de un mismo cliente o de su núcleo familiar o laboral (esposa, socio, hijo…), pero que en conjunto superaban los límites de sus competencias”. En otras ocasiones, señala Fiscalía, el acusado, “antes de abonar en cuenta el importe relativo a la segunda o sucesivas operaciones, simulaba una cancelación anticipada del préstamo anterior con cargo a una cuenta puente denominada “Intervención”, impidiendo así que el sistema informático denegara la concesión de un nuevo préstamo, anulando además las cancelaciones anticipadas”. Como consecuencia de estas acciones el acusado “consiguió formalizar créditos simulando que éstos se encontraban dentro de sus atribuciones y que de haber sido auditados por órganos superiores de la entidad no habrían sido concedidos por el riesgo de sufrir un perjuicio económico”.
El importe de los “préstamos irregulares formalizados” por el acusado, ha detallado la fiscal ascendería a 10.022.650 euros y por los que reclama la entidad bancaria, ante lo que ha manifestado el acusado que “las cifras que ustedes barajan no coinciden con la caja ni con nadie. Un banco está tan departamentalizado que es imposible que nadie lo vea. Desde enero de 2008 hasta noviembre de 2009 son 23 meses y es imposible que una entidad financiera diga que no sabía lo que se estaba haciendo cuando hay tantos empleados alrededor de un préstamo y además firmé tres auditorias presenciales. Es curioso que en todos los préstamos que se me imputan no se dice el código de producto que es, del que nace todo el sistema informático”, es más ha insistido en que “en los 23 meses no se me ha achacado nada en contra. Se ha operado correctamente y nunca se ha detectado nada” es más ha manifestado que “los reintegros están firmados por los clientes y los ingresos no aparecen”.
Sigue relatando el escrito de acusación de la Fiscalía que en muchas de estas operaciones, el acusado y director de la oficina operaba con un segundo acusado del cual ha dicho “somos amigos de toda la vida”, y que según Fiscalía “se beneficiaba de las comisiones obtenidas en concepto de “comisiones ” ilegales, variables entre el 5 y el 10% del valor del crédito concedido, bien mediante reintegro directo de las cuentas de los mismos sin su autorización, o bien mediante ingresos de cantidades en sus cuentas propias o en las de personas cercanas, como el caso de la cuenta de una comunidad de bienes integrada por ambos acusados”. Una “comunidad de bienes común” que ha remarcado el acusado “en la que los dos somos titulares. Esa cuenta la utilizaba como cuentas puente personales. Él no tiene nada que ver en este proceso, solo estaba en la cuenta” y con respecto a las presuntas comisiones que iban a parar a esa cuenta ha manifestado que “se ha metido todo en el mismo saco de un préstamo que se dispuso pero no se ejecutó. El problema es que nadie ha justificado nada”.
La relación de las operaciones crediticias realizadas con supuesto engaño para la entidad por presunta manipulación de sus sistemas informáticos, informa el escrito de acusación de la Fiscalía afecta a créditos concedidos a 13 empresas diferentes, un particular y al segundo acusado. A este respecto el acusado y director de la oficina ha asegurado en todo momento que “hace 10 años en base a qué se tomó cada una de las financiaciones” por lo que ha remarcado que “necesito ver los expedientes y si no tengo acceso de mis anotaciones no puedo decir nada concreto”. Es más ha detallado el acusado que “no le cobraba comisión a los clientes. El banco cobra comisiones establecidas, yo les cobraba por mi intervención financiera, dejando constancia en el expediente de ingresos”. A preguntas de la fiscal por la existencia de un documento en el que se establezca un cobro como director y otro como intermediario financiero el acusado ha respondido que “como agente financiero he trabajado al margen de la entidad. Se le expuso a la caja mis condiciones, se dejó constancia de mi manera de trabajar. La caja no tiene documentación en la que yo no pueda hacerlo” así explica que “los expedientes internos de la caja iban en una carpeta y otra que adjuntaba documentación del cliente. En los documentos de ingresos siempre he dejado constancia de la referencia a mano y en mi portátil”. Además ha detallado el acusado que “en un banco está todo parametrizado, lo que manda es el diario electrónico y ahí se pueden ver todos los movimientos. Ellos sabían lo que hacía en todo momento y han puesto una base de clientes contra mi”.
“El total de las comisiones ilegales cobradas a los clientes con la concesión de estos créditos asciende a 917.402,53 euros”, puntualiza el escrito de acusación de la Fiscalía, aunque ha insistido el acusado “nunca he cobrado comisiones y menos ilegales”.
Del mismo modo, ha esgrimido la fiscal que un tercer acusado “trabajaba coordinadamente con los otros dos acusados captando clientes y planeando operaciones crediticias para la entidad sin que conste que se realizaban urdiendo engaño a la misma”, obteniendo así los acusados “comisiones indebidas a los clientes de la entidad que retiraban de sus cuentas directamente o a través de transferencias realizadas desde las cuentas de los clientes a sus propias cuentas”. A este respecto el acusado y director de la oficina ha matizado que esta tercera persona, su primo, el cual trabajaba de “prescriptor externo de entidades financieras” lo hacía para esta oficina. Del mismo modo que las anteriores operaciones ha calificado el principal acusado que “no puedo decirle el apunte exacto de las mismas sin ver la documentación” volviendo a pedir “el diario electrónico que dice cada apunte de cada usuario”.
Una sesión la de este martes en la que han estado presentes los otros dos acusados, uno de ellos se enfrenta por un presunto delito continuado de estafa y apropiación indebida a 5 años de cárcel y multa de 3.960 euros; y para el tercer acusado por un presunto delito continuado de apropiación indebida a 3 años de prisión. El juicio está previsto continúe este miércoles, 20 de marzo, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete con la declaración de los otros dos acusados y comience el turno para los testigos.
