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El exdirector de una sucursal bancaria de la provincia de Albacete se enfrenta a 6 años de cárcel

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto este martes, 19 de marzo, sentar en el banquillo de los acusados al director de una oficina bancaria Tarazona de La Mancha de por aquel entonces Caja Campo, ahora perteneciente dicha entidad al grupo Caja Mar, por un presunto delito continuado de estafa y apropiación indebida por el que se enfrenta a una pena a petición de la Fiscalía de 6 años de prisión y multa de 4.320 euros, así como a indemnizar a la entidad en la cuantía en la que resulten acreditados los perjuicios ocasionados con el otorgamiento de los créditos concedidos con engaño a la entidad.  Un segundo acusado se enfrenta por un presunto delito continuado de estafa y apropiación indebida a la pena de 5 años de cárcel y multa de 3.960 euros; y para un tercer acusado de un delito continuado de apropiación indebida a 3 años de prisión.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, señala que uno de los tres acusados, fue designado apoderado de la entidad Caja Campo por escritura pública el 27 de marzo de 2007 otorgada en Requena ante notario, siéndole asignada clasificación de grupo «C», quedando detallada en su escritura de apoderamiento la forma y límites de uso de las facultades que le habían sido otorgadas. Dichas atribuciones, insiste el escrito fiscal,  “fueron notificadas a dicho acusado el 28 de noviembre de 2007”. A partir de ese momento, explica el escrito de acusación de la Fiscalía, dicho acusado “ejerció como director de la oficina de Tarazona de la Mancha hasta noviembre de 2009”. Entre las competencias que tenía atribuidas se encontraba “la concesión de préstamos hipotecarios sin tener que requerir la autorización de sus superiores hasta un importe máximo de 200.000 euros, así como la autorización de préstamos personales que no superaran los 75.000 euros”. Fuera de estos límites, el acusado debía solicitar autorización a los órganos superiores de la entidad para su concesión, para valoración de riesgos.  Subraya el escrito del fiscal que ejerciendo como director entre 2008 y 2009 “concedió préstamos superando las cantidades permitidas y sin dar cuenta de ello a su superioridad, obteniendo posteriormente una parte de los mismos para su beneficio y el de los otros dos acusados a modo de comisiones ilegales”, o bien detalla el mismo escrito fiscal “obteniendo el beneficio de manera directa al conceder créditos a sus familiares y a los otros acusados”. 

Expone el escrito fiscal, que el director de la oficina bancaria citada y acusado “confundió a los sistemas informáticos utilizados por la entidad para el control de las operaciones crediticias, formalizando varios préstamos que individualmente tenían importes inferiores a los permitidos a favor de un mismo cliente o de su núcleo familiar o laboral (esposa, socio, hijo…), pero que en conjunto superaban los límites de sus competencias”. En otras ocasiones, señala el fiscal, el acusado y director de la entidad “antes de abonar en cuenta el importe relativo a la segunda o sucesivas operaciones, simulaba una cancelación anticipada del préstamo anterior con cargo a una cuenta puente denominada «Intervención», impidiendo así que el sistema informático denegara la concesión de un nuevo préstamo, anulando además las cancelaciones anticipadas”. Como consecuencia de estas acciones el acusado “consiguió formalizar créditos simulando que éstos se encontraban dentro de sus atribuciones y que de haber sido auditados por órganos superiores de la entidad no habrían sido concedidos por el riesgo de sufrir un perjuicio económico”.   El importe de los presuntos “préstamos irregulares formalizados” por el acusado, detalla el escrito del fiscal,  ascendió a 10.022.650 euros, por los que reclama la entidad bancaria. 

Prosigue relatando el escrito del fiscal que en muchas de estas operaciones, el acusado y director de la oficina operaba con un segundo acusado que “se beneficiaba de las comisiones obtenidas en concepto de «comisiones » ilegales, variables entre el 5 y el 10% del valor del crédito concedido, bien mediante reintegro directo de las cuentas de los mismos sin su autorización, o bien mediante ingresos de cantidades en sus cuentas propias o en las de personas cercanas, como el caso de la cuenta de una comunidad de bienes integrada por ambos acusados”. En otras ocasiones, estas cantidades se utilizaban presuntamente para amortizar préstamos personales del acusado director de la oficina, a su suegra, a la empresa siendo socia su mujer, a su cuñado o préstamos relacionados con el segundo acusado.  “La relación de las operaciones crediticias realizadas con engaño para la entidad por manipulación de sus sistemas informáticos” informa el fiscal afecta a créditos concedidos a 13 empresas diferentes, un particular y al segundo acusado. “El total de las comisiones ilegales cobradas a los clientes con la concesión de estos créditos asciende a 917.402,53 euros”, puntualiza el fiscal. 

Del mismo modo, informa el escrito de acusación de la Fiscalía, el tercer acusado “trabajaba coordinadamente con los otros dos acusados captando clientes y planeando operaciones crediticias para la entidad sin que conste que se realizaban urdiendo engaño a la misma”, obteniendo así los acusados “comisiones indebidas a los clientes de la entidad que retiraban de sus cuentas directamente o a través de transferencias realizadas desde las cuentas de los clientes a sus propias cuentas”.  Casi una treintena de operaciones en las que los acusados “desviaron cantidades a su propio patrimonio cobrando comisiones ilegales a los clientes en créditos legítimamente concedidos por  un total 387.586,32 euros”, concluye el escrito de acusación de la Fiscalía.

La cita de los tres acusados con la Justicia tendrá lugar este martes, 19 de marzo, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete. 

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