La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado el traslado del etarra Sergio Polo, condenado a 110 años de prisión por el asesinato en 1995 del militar Luciano Cortizo, a espaldas de las víctimas y a pesar de la promesa de que los acercamientos no afectarían a reclusos con delitos de sangre.
En un comunicado, la AVT exige explicaciones al Ministerio del Interior por este acercamiento que se realizó en octubre desde la cárcel de Almería a la de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) por motivos de salud.
Desde Instituciones Penitenciarias señalan que no se informó a las víctimas de este traslado al entender que no se trata de un acercamiento al País Vasco, ya que la prisión manchega dista más de 600 kilómetros de Euskadi.
En opinión de las víctimas, esos motivos tan graves de salud no fueron suficientes para eximirle de acudir al juicio que se celebró el pasado mes de octubre por el asesinato del militar ni tampoco para mostrar síntoma alguno de arrepentimiento, colaboración con la justicia o compasión con las víctimas”.
La Audiencia Nacional le condenó a 110 años de cárcel al considerar acreditado que colocó el 22 de diciembre de 1995 en León una bomba lapa en el coche del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, que, al estallar, le causó la muerte y heridas graves a su hija.
Polo, que integró varios comandos de ETA y fue detenido en marzo de 1999 en las inmediaciones del campo de fútbol de Anoeta, ha sido condenado también por su participación en al menos otros dos atentados con resultado de muerte.
Además del traslado de este etarra, la AVT exige explicaciones por otros dos movimientos realizados en los últimos meses.
Se trata de María Lizarraga e Íñigo Gutiérrez, que son pareja y que, según Prisiones, han sido trasladados desde al prisión de Alicante a la de Valencia porque van a ser padres y en el centro penitenciario alicantino no existe una unidad de madre.
