/Llanos Esmeralda García/
Contra todo pronóstico las 169 cabinas telefónicas existentes en la provincia de Albacete, de las cuales 58 se encuentran en la capital albaceteña (datos a 31 de diciembre de 2017), seguirán en servicio hasta el próximo 31 de diciembre de 2019 formando parte de las prestaciones incluidas dentro del servicio universal de telecomunicaciones, según el real decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
El real decreto modifica el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado en 2005, y les da un año más de vida a las cabinas, cuando todo apuntaba que dicho servicio dejaría de prestarse en 2019.
El Gobierno ha designado de nuevo a Telefónica de España como operador encargado de la prestación del servicio.
Del mismo modo el Gobierno ha aprobado la eliminación de la obligatoriedad de dos de las prestaciones incluidas dentro del servicio universal (las guías telefónicas y el servicio de consulta sobre números de abonado), pero, por ahora, se mantienen las demás.
En el caso de las cabinas, se ha prorrogado la situación aprovechando la próxima transposición a España del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas para hacer un análisis más completo y exhaustivo sobre el modo en que ir retirando prestaciones del servicio universal de telefonía.
Cabinas
La multiplicación de los teléfonos móviles y la expansión de su cobertura han convertido a las cabinas de teléfono en algo marginal y poco rentable. Actualmente hay en Castilla-La Mancha unas 768 cabinas telefónicas, en España unas 16.000 en la vía pública, que han convivido con los españoles durante 90 años.
Y es que los teléfonos públicos forman parte del servicio universal con el que se garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a las telecomunicaciones con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y un precio asequible. En el caso de las cabinas, tiene que haber como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se suma uno más por cada 3.000 personas.
El anterior Ejecutivo se mostró a favor de eliminar la obligatoriedad referida a las cabinas en un borrador de real decreto que remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de sacarlas del servicio universal ante su falta de uso.
