Delegados sindicales de ACAIP, CCOO, UGT y CSI-F han reclamado que se dote de los medios salariales, de personal y la formación suficientes a los funcionarios de prisiones, en una campaña que pretende que se dé una «mayor visibilidad» al trabajo que desempeñan.
Ataviados con petos de sus organizaciones sindicales, y con una mesa informativa y el reparto de folletos informativos en la plaza del Altozano, han denunciado que son «trabajadores fantasma, nadie conoce su problemática ni su situación laboral», según ha manifestado el delegado de prisiones de CCOO Albacete, Juan Fulgencio Pérez.
«Del interno este que ha matado a Laura se habla ahora, pero a partir de que ingrese en prisión ya pasa a ser nuestro, ya está con un funcionario sólo y nos olvidamos totalmente de él, y ahí es donde tenemos un problema, en la falta de medios», ha advertido.
Pérez ha asegurado, al tiempo, que «no hay ninguna huelga encubierta», sino compañeros que, «por la situación laboral en la que se encuentran y el estrés de estar con 70 u 80 internos, ya no pueden más».
DÉFICIT DE PERSONAL
Carlos López, de CSIF, ha argumentado que la reivindicación viene motivada «principalmente por el déficit de personal, alarmante, en Albacete cercano al 25%» y que ha concretado que en la Relación de Puestos de Trabajo «faltan unas 40 plazas», una situación motivada también «por pases a segunda actividad y jubilaciones», que hace que no se puedan atender las funciones mínimas.
Esta falta de personal se une, ha indicado López, «a la acumulación de tareas de los funcionarios» y a la falta de formación específica, para atender casos concretos, como «la problemática de los enfermos mentales en prisiones» o como «tratar intentos de evasión, de suicidios o motines».
Desde ACAIP, su delegado de prisiones, Luis Bayo, ha recordado que llevan ya dos años de movilizaciones, pero los trabajadores se encuentran «con una absoluta indiferencia por parte del Ministerio», que no cumple las promesas.
«No vamos a parar hasta que haya una mesa de negociación real», ha advertido. Bayo también ha desmentido que haya una huelga encubierta en varias prisiones y ha asegurado que las bajas «son de compañeros que se encuentran enfermos de verdad, nadie finge nada» y ha señalado que, si no se han producido más bajas hasta ahora, ha sido porque «muchos han ido enfermos a trabajar para no fastidiar a los compañeros».
En nombre del sindicato UGT, Josefa Cabellos ha criticado al secretario general de Instituciones Penitenciarias y el ministro de Interior, Grande Marlaska, porque «están ofendiendo a los funcionarios de prisiones».
Para este sindicato, si de verdad considera el Gobierno que el de Instituciones Penitenciarias «es un servicio público esencial», debe dotarlo «con los medios necesarios, con la dignidad de sueldos que se merece y de medios y personal que se merece».
También ha arremetido contra el reparto de la productividad de este año, que ha recaído sólo «entre los compañeros que no han hecho huelga, directivos y cargos de Instituciones Penitenciarias» y no se ha distribuido «de forma equitativa», como si fuera «una sanción por haber hecho la huelga».
Ha reclamado, como sus compañeros, que «se sienten a negociar» y que se retome la propuesta de «123 millones a tres años» que se puso sobre la mesa «y luego se retiró».
