/Marta López/
Cuatro agentes de Policía Nacional en Cádiz, se enfrentan a una de situaciones más difíciles a las que han tenido que hacer frente. Y es que tras una actuación en la que intervinieron el pasado 4 de abril de 2015, podrían ser condenados “por cumplir con nuestro deber”.
El periódico nacional ‘El Mundo’ se hace eco de este sorprendente caso, en el que un albaceteño perdió la vida. Gracias a documentos a los que ha podido tener acceso el propio diario, hemos conocido los hechos a los que debieron hacer frente estos cuatro agentes de la Policía Nacional en la capital gaditana.
Los agentes recibían la alerta a las 6.40 horas de la mañana del Sábado Santo de 2015. En la misma llamada realizada por un vecino, requerían la presencia policial en la Cuesta de Jabonería, localizada en el gaditano barrio de Santa María. Según la misma llamada telefónica, un hombre estaba en la vía pública empuñando un destornillador y amenazando con el mismo a un comerciante de la zona.
Cuando se desplazaron hasta el lugar, se encontraron con un hombre que sufría un brote psicótico, que lejos de acatar las órdenes, agredió a los agentes. Para reducir a este individuo, natural de Albacete, “elegimos la medida menos lesiva”, señalan los agentes en la documentación obtenida por El Mundo, una acción que estimaron “proporcionada”.
La autopsia determina que el hombre recibió un total de 34 golpes, de los cuales, 32 fueron en el brazo con la intención de que se deshiciera del destornillador que blandía. Durante el forcejeo con los agentes, a uno de ellos le clavó el arma tres veces en el pecho, pero iba debidamente protegido con un chaleco. Un segundo agente sufrió una triple rotura de hombro tras caer al selo durante la intervención. Otro, sufrió varias luxaciones en un dedo, y el último una abrasión en el mentón.
Los agentes aseguran “impresionados”, la virulencia con la que los recibió este hombre, exponiendo que “nosotros salíamos volando, podía con nosotros”. Además, apuntan que “se reía con cada golpe” que los agentes le propinaban para que soltase el destornillador. “Es la intervención en la que he pasado más miedo en mi vida”, recuerda uno de los agentes.
Finalmente lograron reducirlo, poniéndole, tirado en el suelo, las manos en la espalda. Cuando a los pocos minutos, y según estimaría la autopsia como causa del fallecimiento, sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los agentes trataron de salvar la vida de este hombre iniciando la maniobra de recuperación, pero cuando llegó la ambulancia no pudo hacerse nada por salvar su vida.
Las diligencias e investigaciones posteriores desvelarían que el fallecido padecía enfermedad mental diagnosticada, concretamente, bipolaridad. Pese a estar casado y tener tres hijos, llevaba unos meses viviendo una habitación que había alquilado en Cádiz.
Tal y como indica El Mundo, “no tomaba la medicación pautada” y con anterioridad a este suceso, a la familia se le había notificado por escrito que debía prestar especial importancia a su vigilancia para que la tomara. De hecho, su mujer llegó a denunciar en una ocasión su desaparición, tras haberle pedido la pista en su desplazamiento de Sevilla a Cádiz. En la misma denuncia alertaba de que no era la primera vez que tenía este tipo de comportamientos violentos.
Estos cuatro agentes gaditanos aseguran a El Mundo que “la intervención de ese Sábado Santo nos ha marcado la vida”. Sin embargo, este no es un caso aislado, ya que lo que les ha sucedido a estos agentes de Policía Nacional es extensivo a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que, aseguran sentirse “indefensos” ante las consecuencias de tomar una decisión, cumpliendo con su deber, que luego les puede pasar factura.
En el año 2015, la justicia decidió tramitar los hechos como homicidio involuntario. Además, la familia del fallecido se personó en la causa como acusación particular, considerando que la muerte era intencionada. Tras ello, los agentes fueron imputados y la causa ha sido archivada hasta en dos ocasiones a petición del Ministerio Fiscal.
Desde Albacete, la familia continúa pidiendo tras cuatro años de lo sucedido una indemnización de 300.000 euros para la viuda y de 150.000 para cada uno de los tres hijos que tenía el fallecido. Esta semana, este polémico caso vuelve a fallarse por tercera vez.
