La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, ha convocado este sábado a sus asociados a salir a las calles de cinco ciudades españolas, entre ellas Madrid, para informar y responder a lo que califica como “interesada confusión en relación con el abuso” de los gastos de formalización de hipotecas.
Los usuarios de banca y los afectados se han movilizado hoy por decenas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Toledo y Las Palmas, a propósito de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que obliga a las entidades financieras a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que grava la constitución de las hipotecas.
Adicae pretende aclarar a los consumidores la situación judicial e hipotecaria tras la tregua a la banca anunciada por el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal se ha dado un tiempo para estudiar si consolida el reciente cambio de las reglas y si obliga de forma generalizada a las entidades a cargar con dicho impuesto.
La Asociación de Usuarios tilda de “vaivenes” y “posición incomprensible” la actuación del Alto Tribunal, en tanto que aclara en una nota difundida hoy que la sentencia dictada por el Supremo sobre el IAJD “no ha sido revocada, anulada ni suspendida”.
Adicae estima que son casi 20.000 los hipotecados que ya se han agrupado en su estructura para reclamar la devolución de las cantidades pagadas por este impuesto, así como otros gastos de formalización de hipotecas.
Su presidente, Manuel Pardos, cree que “es precisa una reacción” de los consumidores y confirma que Adicae va a presentar con carácter “inminente” 60 demandas colectivas de miles de consumidores e hipotecados.
Además, indica que la banca “amenaza” a las instituciones y a los consumidores con un supuesto encarecimiento de las condiciones de las hipotecas.
Esta última cuestión es calificada por Pardos como “una actitud de cacique y usurera que solo busca ganar tiempo”.
El próximo lunes Adicae celebrará una asamblea, coordinada y conectada por videoconferencia en más de 30 ciudades de todas las comunidades autónomas y Ceuta, para “informar y organizar” a los consumidores sobre el alcance de la sentencia y las actividades colectivas a seguir.
