El joven de 22 años acusado de distribuir pornografía infantil se ha declarado inocente al inicio del juicio previsto para hoy en la Audiencia Provincial de Toledo, que se ha suspendido y pospuesto hasta el próximo 30 de octubre por la incomparecencia de un perito informático de la Policía Nacional.
La Fiscalía ha solicitado la suspensión del juicio al considerar “fundamental” el testimonio de este perito, razón por la que el juez finalmente se ha decantado por suspender la vista al ser un “perito necesario” para esclarecer los hechos y se le citará de forma correcta.
El letrado de la defensa, Juan Carlos Moraleda, ha pedido la nulidad de la prueba pericial informática y de la orden de entrada y registro de la vivienda del acusado, ubicada en un municipio de la provincia de Toledo.
En declaraciones a los medios tras la sesión, Moraleda ha señalado que el acusado, que se ha declarado inocente del delito que se le imputa, es autor de la tenencia de pornografía pero no de la distribución por lo que, en ese caso, la pena oscilaría entre los tres meses y el año de cárcel.
El Ministerio Público pedía en su escrito de conclusiones provisionales siete años de cárcel por un presunto delito de distribución de pornografía infantil dado que el acusado se descargaba en su ordenador, mediante los programas Ares y Gigatribe, numerosos archivos de contenido pedófilo.
El ordenador del acusado llegó a contener en una carpeta denominada “My shared folder” hasta un total de 985 archivos entre fotografías y vídeos de contenido pedófilo y algunos de ellos en los que aparecen como víctimas de agresiones sexuales menores de muy corta edad y bebés.
El escrito de la Fiscalía señala que esta carpeta la empleaba el acusado para compartir fotografías y vídeos a través del programa de intercambio de archivos Ares.
Además, en el ordenador del acusado se han localizado otras cuatro carpetas nombradas como “niñas” (175 archivos), “niños” (230 archivos), “vídeos niñas” (dos archivos) y “vídeos niños” (51 archivos) que estaban siendo compartidas a través del programa Gigatribe con “pleno conocimiento del acusado tanto del contenido de las carpetas como de que estaban siendo compartidas a través del citado programa”.
A este respecto, la Fiscalía solicita que “se mantenga la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza del acusado, al no haberse producido una modificación de las circunstancias que motivaron su adopción”.
Además, reclama la prohibición de que el acusado pueda trabajar en cualquier profesión que implique el contacto con menores de edad y la obligación de participar en programas formativos de educación sexual.
El acusado se encuentra en prisión provisional desde el día 24 de abril de 2017, cuando se dictó auto de prisión por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ocaña.
En el juicio oral prestarán declaración varios agentes de la Policía Nacional que participaron en la entrada, registro y análisis del ordenado incautado.
