Con motivo del Día Mundial por el acceso al Aborto legal y seguro, CCOO de Castilla-La Mancha se solidariza con todas las mujeres que, en distintos países del mundo, están luchando por los derechos sexuales y reproductivos, por el acceso al aborto, legal y seguro y por el derecho a decidir libremente su maternidad.
En 1990 la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano declaró el 28 de septiembre como Día Mundial por el acceso al Aborto legal y seguro.
CCOO “manifiesta su compromiso con la lucha por la despenalización y la legalización del aborto, por la defensa de los derechos humanos y por el derecho a la anticoncepción segura para evitar las miles de mujeres muertas por abortos clandestinos, primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos países latinoamericanos y del Caribe, así como en otras partes del mundo, países de África y Asia”.
Los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, la interrupción voluntaria del embarazo, son derechos humanos internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que instan a los Estados miembros a que garanticen que la interrupción del embarazo sea una práctica accesible y segura.
La Declaración institucional de la Conferencia de El Cairo (1994), suscrita hace ya 24 años por 179 países -entre ellos España–, sigue sin cumplir sus objetivos fundamentales: “los países deben garantizar el acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación familiar y el aborto seguro”.
Distintos Informes del Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (UNFPA) alertan de las gravísimas consecuencias para 220 millones de mujeres de todo el mundo, que no pueden acceder a métodos anticonceptivos seguros, y del alto número de mujeres que mueren por procedimientos abortivos clandestinos y peligrosos.
El Convenio de Estambul (2011) contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, el acoso, la esterilización y el aborto forzados. Esto implica que los Estados deberán introducir estos delitos en sus sistemas jurídicos.
CCOO reivindica “suprimir la Ley Orgánica 11/2015 para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, que presentó el Partido Popular y modificó la LO 2/2010 que estableció como obligatorio y sin excepción el permiso de los padres para que puedan abortar las jóvenes de entre 16 y 17 años”.
También el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en relación a la implementación de las medidas necesarias para formación, educación y prevención en salud sexual integral y reproductiva, libre de estereotipos sexistas y Lgtbfóbicos.
El sindicato pide “dotar presupuestariamente con los recursos necesarios, los centros de planificación familiar; educación sexual y pleno acceso a los distintos métodos anticonceptivos; así como formación a personal sanitario para la incorporación de los avances en técnicas y procedimientos abortistas”.
CCOO “defiende el derecho a la maternidad y a la paternidad de mujeres y hombres sin pareja y LGTBI para acceder a los sistemas de reproducción asistida de la sanidad pública, con carácter gratuito”.
“Los derechos sexuales y reproductivos son parte fundamental de los derechos humanos, por lo que los Estados deben garantizar el derecho de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad, lo contrario supone la vulneración de estos derechos, y un ataque frontal contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres”.
CCOO “se solidariza con la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre su sexualidad y su maternidad”.
“Denunciamos la hipocresía de los gobiernos, como fue el reciente rechazo del Senado a la legalización del aborto en Argentina, donde más de un centenar de mujeres mueren al año por abortos clandestinos”.
De igual modo, CCOO “considera inadmisible la actual situación de represión y persecución que están sufriendo las mujeres nicaragüenses por la fuerte penalización del aborto que realiza su Gobierno, partidos conservadores y jerarquías de la iglesia”.
