En abril de 2017, el Pleno del ayuntamiento albaceteño de Villarrobledo, aprobó una moción incitadora del odio contra el pueblo judío. La moción fue presentada por el concejal de Se Puede Villarrobledo Mario de la Ossa. Esta inclusión del municipio en el “Espacio Libre de Apartheid Israelí” que fue aprobada con los votos de Se Puede Villarrobledo, Izquierda Unida, PSOE y la abstención del PP, “supone una grave discriminación ilegal” convirtiendo a Villarrobledo en un territorio “Judenfrei”, “hostil a cualquier ciudadano o empresa israelí y a cualquier español asociado con Israel. Israel es el único estado judío en el mundo, la única democracia en Oriente Próximo y el único país de la región con una trayectoria consistente de respeto a los derechos humanos, a las minorías étnicas y sexuales y a la libertad religiosa”. Así lo denuncia ACOM, una asociación cuyo objetivo es reforzar la relación entre España e Israel.
Esta “discriminación municipal”, afirman los denunciantes, “se hace realidad mediante la modificación de las condiciones en los pliegos de contratación pública del consistorio y en las convocatorias para subvenciones. Esto supone que cualquier empresario que suministre servicios a los ciudadanos villarrobletanos a través del ayuntamiento o cualquier pequeño comercio o autónomo que quiera recibir ayudas públicas, es decir dinero público proveniente de todos los españoles, debe aceptar una cláusula promotora del odio”. Y para seguir fomentado el “antisemitismo”, continúan, ” instan a que el Gobierno de Castilla La Mancha e incluso el de España continúen la misma senda de acciones ya declaradas ilegales por tribunales españoles. La exposición de motivos para su aprobación es una fiel réplica del ideario extremista del movimiento BDS, organización conocida internacionalmente por su radicalismo y promoción del odio contra los judíos. Así mismo, siguiendo las líneas de actuación propias de regímenes racistas, se proporcionan pegatinas xenófobas a comercios y establecimientos privados en el municipio con el fin de promover la judeofobia”, esgrimen..
Con el fin de “denunciar y poner freno a esta avalancha de odio que está impulsando la izquierda española”, ACOM ha tomado las medidas legales “necesarias”. En este caso, con la presentación de un contencioso administrativo en curso. Los tribunales de justicia españoles ya se han pronunciado sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de la campaña BDS y Espacio ELAI. ACOM, principal denunciante “del discurso de odio que promueve este movimiento”, ha ganado hasta el momento 33 demandas, y todas ellas inciden en la inconstitucionalidad e ilegalidad de unas medidas excluyentes que vulneran el marco común de convivencia, y promueven la discriminación por origen étnico y nacional. También los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Asturias han refrendado el carácter discriminatorio de esa campaña. Además, la Fiscalía ha denunciado en ocasiones anteriores a los representantes públicos que dan soporte al BDS, encuadrando los hechos en el artículo 510 del Código Penal. Y en el caso de promoverse desde cargos públicos, habiendo sido advertidos, pueden ser incluso condenados con penas de inhabilitación.
