El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural han denunciado que la Mesa Sectorial de Personal Funcionario y la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo del Personal Laboral convocada por Junta este martes y miércoles para que sea estudiada la propuesta de oferta de empleo público de 2018 “no incluye ninguna plaza de ingeniero forestal, una profesión ligada íntimamente al medio natural de la región”.
“Todos somos conscientes del enorme papel que juegan los bosques para garantizar la conservación de la biodiversidad, en la producción de bienes y servicios ambientales y en la generación de empleo verde. Por lo que la Administración pública no puede desligarse de su responsabilidad de exigir que al frente de esta materia estén los mejores profesionales y eso pasa porque estos tengan una buena formación básica”, han aseverado en nota de prensa.
La propuesta de empleo, a su juicio, “refleja el claro abandono del medio ambiente y natural por parte de la Junta, que en los últimos 8 años, sólo saco plazas de esta escala en 2017 (6 plazas)” y añaden que en ese periodo, más de una treintena de estos titulados “han abandonado la Administración por ceses y jubilaciones, principalmente, realizándose además la amortización de las plazas vacantes”.
“La Dirección General de Política Forestal y Espacios Protegidos se encuentra en una precaria situación de personal cualificado, igual que todos sus Servicios Provinciales, donde apenas existen técnicos con competencias en gestión forestal. Los puestos son ocupados ahora por otros titulados sin competencias en esta materia, como los ingenieros técnicos agrícolas, por ejemplo, para los que en esta propuesta se han ofertado sorprendentemente 28 plazas”, han señalado desde este colegio.
Por ello, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural exige a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas “un replanteamiento de la propuesta de oferta de empleo público” y por coherencia, “realizar una profunda reflexión para consensuar y definir cómo se quiere armar el músculo de la Administración pública castellano-manchega ante los retos medioambientales que como sociedad tenemos que afrontar”.
