El presidente de la Federación de Personas Sordas de Castilla-La Mancha (FESORMANCHA), Ignacio Carrasco de la Torre; el gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado; y el presidente de la Federación de Síndrome de Down de Castilla-La Mancha, Julián Carvajal, han presentado en sede parlamentaria un informe detallado de sus actividades, propuestas y demandas en el transcurso de una Comisión Parlamentaria que ha servido para dar cuenta de las acciones que impulsan dentro de la Comunidad Autónoma.
El gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, ha explicado que este año se está dedicando a las familias, «quienes iniciaron esta andadura hace 50 años en un entorno muy diferente al actual».
«Lo iniciaron para conseguir unos avances que han permitido mejorar la vida de las personas con discapacidad y de la sociedad en su conjunto», ha dicho, defendiendo que este movimiento asociativo al que representa aglutina a más de 900 entidades que atienden a más de 200.000 personas.
La misión de este movimiento asociativo es «contribuir a que cada persona con discapacidad y sus familias puedan desarrollar sus proyectos de calidad de vida así como a promover su inclusión en una sociedad más justa y solidaria».
Para ello, aboga por «prestar apoyo y trabajar por abrir la participación» al colectivo, defendiendo sus derechos como ciudadanos «plenos» y reivindicando una sociedad «sin ningún tipo de discriminación».
Todos los centros de Plena Inclusión en la región están inmersos en la transformación de seis servicios, acogiendo además a otras entidades que no se incluyan en esta federación. Como ejemplos, ha dicho que hay centros públicos o privados en atención temprana que pueden ser ayudados por Plena Inclusión pese a no estar adheridos a la entidad.
Fundada como federación en Albacete en 1981, fue en Quintanar de la Orden un año después cuando Plena Inclusión vio aprobados sus estatutos, según el repaso histórico que ha hecho Collado en sede parlamentaria.
Vertebrar el movimiento asociativo en la región en un proyecto común, promocionar proyectos y programas para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y establecer alianzas, competencias e interlocución con los agentes externos son parte de las funciones de Plena Inclusión, «todo dentro de un Código Ético que explica que la persona nunca deja de serlo por el hecho de disponer de mayor o menor competencia de ningún tipo».
«Estamos sufriendo todavía los coletazos de la crisis, pero me gustaría recalcar que los datos son alarmantes, pero lo son aún más en cuanto a las personas con discapacidad intelectual», ha alertado Collado.
Collado ha puesto el acento en que más del 60% de personas atendidas por la federación no pertenecen a ninguna de sus entidades de referencia, pese a lo cual se prestan servicios gratuitos y sin ningún tipo de coste.
FEDERACIÓN DE SÍNDROME DE DOWN PIDE UNIDADES HOSPITALARIAS ESPECÍFICAS
De su lado, Julián Carvajal, como presidente de la Federación Síndrome de Down de Castilla-La Mancha, ha arrancado su intervención aclarando que sólo lleva 12 días al frente del cargo. Ya son 13 años desde que esta entidad funciona en la región, formada por las cuatro formaciones que existían en aquél momento y a las que se han sumado otras dos en los últimos tiempos.
Carvajal ha indicado que las asociaciones federadas bajo este paraguas cuentan con más de 400 usuarios atendidos en distintos centros asistenciales y centros especiales de empleo, así como viviendas tuteladas.
Ha mencionado los programas más destacados, como el de atención psicológica, atención temprana, proyectos de apoyo a la inclusión escolar o programas de ocio y tiempo libre y de expresión artística.
Entre sus reivindicaciones, ha solicitado poner en marcha conciertos plurianuales para el mantenimiento de centros que den estabilidad a los centros de este tipo de entidades; y ha considerado que la Administración regional tendría que hacerse cargo de los costes laborales generados por las bajas de los trabajadores.
También ha sugerido la creación de unidades de referencia en los centros hospitalarios dedicadas a personas con Síndrome de Down; y ha reclamado medidas para solucionar las deficiencias sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Mejorar el acceso al trabajo de estas personas es otra de las peticiones, abogando desde la Federación por sistemas que promuevan la competencia «entre iguales» y evitando las «diferencias abismales» entre personas con capacidades diferentes.
Continuando con las peticiones al Gobierno regional, ha pedido la eliminación de barreras físicas y cognitivias; y ha solicitado fomentar el respeto para las personas con Síndrome de Down. «Pensamos que los tribunales de justicia se exceden cuando los familiares solicitan protección jurídica», ha considerado.
