/Sandra Manzanares/ Foto y vídeo: María Esperanza Panduro/
“Sé a lo que me expongo: pueden venir mañana a echarme, y yo puedo dormir donde sea, pero tengo una niña de siete meses”, dice uno de los okupas de la calle Nuestra Señora de Cubas, añadiendo que, ante una situación así, “no se piensa legalmente”. Como él, otras ocho familias serán desahuciadas del inmueble en el que se instalaron, en unos casos hace unas semanas, en otros, incluso años.
Familias jóvenes, con hijos y sin trabajo, algunos, en el mejor de los casos, cuentan con un sueldo que procede de empleos precarios. Ésta es una de las realidades de la okupación ilegal en Albacete, donde podrían existir un centenar de viviendas okupadas, aunque no hay un registro oficial que lo atestigüe, por lo que los números reales superarían estos datos.
“He estado solicitando durante ocho años una vivienda y nunca me la han concedido”, relata otra de las okupas, sin trabajo y con tres hijos a su cargo. “Me enteré de que aquí había pisos vacíos y decidí okupar uno”; continúa, añadiendo que hace unos días le llegó la primera notificación de desahucio. Situaciones similares encontramos en el resto de hogares de este bloque de 60 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, de las que ocho están okupadas ilegalmente.
Estas viviendas fueron construidas por la Junta de Comunidades a través de la empresa pública Gicaman, abriendo sus puertas hace 17 años con el objetivo de “facilitar una alternativa a la problemática que existía en aquel momento y que sigue existiendo hoy que es el acceso a la vivienda para todos en igualdad de condiciones”, explica el director provincial de Fomento, César López, quien puntualiza que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es la encargada de proponer a Gicaman las personas que residirán en el inmueble, y que parten de una lista de demandantes de vivienda de protección pública.
Las listas de demandantes de vivienda en nuestra provincia, tanto en régimen de arrendamiento como en propiedad, ascienden a 2.700 personas, la mayoría de ellas, se concentran en la capital. “Dicen que hay mucha cola para darle un piso a mi hija”, dice Isabel, vecina del bloque, quien afirma no entender porqué hay pisos vacíos, y justificando así la okupación ilegal, pues “en vez de esperar a que se meta la gente, deberían darlos”, considera.
Sin embargo, desde la administración pública sostienen que el sistema de adjudicación de viviendas sigue los cauces de la legalidad, indicando que cabe la posibilidad de que los pisos “vacíos” hayan sido asignados a personas que han podido dejar de residir en él sin comunicarlo ni anular su contrato de arrendamiento, con lo que la Junta, antes de iniciar los trámites para anular dichas adjudicaciones, debe comprobar que no se trata de la residencia habitual del arrendatario, lo que constituye un camino “largo”, señala López.
Regularizar la situación
Como decíamos, los okupas de Nuestra Señora de Cubas están recibiendo las primeras notificaciones de desahucio. Un procedimiento que se puede iniciar por la vía penal, civil o administrativa, nos explica el abogado Jesús Agulló, señalando que el cauce más habitual es el civil y el menos utilizado, el administrativo. En el primer caso, se interpone un juicio verbal, por el que el propietario pretende retomar la posesión de la finca; mientras que en el desahucio por vía penal, una de las opciones es el trámite de una denuncia por delito de usurpación, que está penado con una multa económica de tres a seis meses, cantidad que puede oscilar entre los 270 y los 2.000 euros. En todos los supuestos, el okupa sería desalojado del inmueble por cualquiera de las vías que se inicie el procedimiento.
Los okupas no quieren abandonar el que ahora es su hogar y piden regularizar su situación, pagando un alquiler social como hacen el resto de vecinos, y que varía dependiendo de las rentas de los inquilinos y los metros del piso, pues se trata de alquileres adaptados al carácter social de las viviendas. Algo que no es posible, ya que existen unos cauces legalmente establecidos que “no podemos obviar”, indica el director de Fomento, recordando que hay establecidos unos parámetros que tienen que cumplir los solicitantes para obtener una vivienda como es estar inscrito a la lista de demandantes de vivienda de protección oficial o cumplir unos requisitos mínimos de renta, además de otras condiciones.
Como señala López, en Albacete existe un “problema” de falta de vivienda pública que en los últimos años se ha visto agravado, y es que, “durante la crisis no se han promovido desarrollos urbanísticos, con lo que es muy complicado realizar nuevas promociones de vivienda pública para el alquiler”. Además, no hay suelo donde construir este tipo de inmuebles que “permitan aliviar una necesidad acuciante en nuestra ciudad”; remarca. Mientras se estudian las posibilidades, se aprueban mociones y se inician o cancelan trámites, la situación de muchas familias albaceteñas se torna insostenible, avanzando así la desesperanza y la incertidumbre en un terreno cada vez más difícil de transitar.
