Expertos en la prevención y la lucha contra la corrupción y el fraude procedentes del Tribunal Supremo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública o la Comisión Nacional del Mercado de Valores participan en el primer Congreso Nacional de ‘Compliance’ en el Sector Público, que se celebra hoy en Madrid con el objetivo de abordar las herramientas de cumplimiento normativo en la administración.
El encuentro está organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la World Compliance Association (WCA), una organización internacional que aglutina a profesionales y entidades interesadas en el buen gobierno y la gestión ética. Y estos están siendo también los argumentos de un congreso que está abordando la configuración de políticas de cumplimiento normativo en áreas específicas, el diseño de modelos de prevención y detección del fraude, los mecanismos de control, o el establecimiento de canales de denuncia de eventuales delitos en el sector público.
El rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, y el presidente de la WCA, Iván Martínez López, han inaugurado una jornada de trabajo en la que participan profesores y gestores de la propia institución académica como los catedráticos de Derecho Penal Adán Nieto y Luis Arroyo; el vicerrector de Economía y Planificación y codirector del congreso, Manuel Villasalero; o Julio García Muñoz, de la Unidad de Control Interno.
En su intervención, Collado ha justificado el interés de la universidad en el cumplimento normativo explicando que “como entidad pública, la universidad tiene una necesidad de legitimación social: que nuestros resultados sean eficientes, y que empleemos adecuadamente los recursos públicos”.
Dividido en bloques temáticos, el evento ha comenzado exponiendo la necesidad del cumplimiento normativo en el sector público para garantizar que la gestión en este ámbito se realiza conforme a la ley y previniendo el control de delitos. Seguidamente, desde la perspectiva del control externo autonómico y el control del fraude, se han presentado instrumentos específicos, como los modelos de prevención del fraude o los canales de denuncia. Asimismo, los expertos han abordado las estrategias e instrumentos de cumplimiento que pueden ser implementados en el sector público, entre otras cuestiones.
