Un jurado popular juzgará a partir del lunes, 7 de mayo, en la Audiencia Provincial de Guadalajara, a un acusado de asesinar en 2016 a su pareja en presencia de su hija de cinco años en Galápagos, asestándole 13 puñaladas mientras ambas dormían en el domicilio familiar. La Fiscalía solicita 25 años de prisión para él por un delito de asesinato.
El Ministerio Fiscal solicita asimismo la privación de la patria potestad y prohibición de aproximarse a su hija menor, “cualquiera que sea el lugar en que se encuentre, así como a su domicilio, a una distancia de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, durante 32 años”.
También reclama al procesado una indemnización en concepto de responsabilidad civil para su hija de 200.000 euros y otra de 50.000 euros para cada uno de los padres de la fallecida.
Asimismo, solicita para el acusado un año más de prisión por un delito de lesiones y otros seis meses por un delito de resistencia a la autoridad, por provocar lesiones al vigilante de la urbanización que se encontró tras asesinar a su mujer, y al que intentó asfixiar, y por oponer “gran resistencia y oposición” a los agentes en el momento de la detención “revolviéndose de manera muy violenta y enérgica”.
LOS HECHOS
Los hechos ocurrieron a las 3.15 horas del 5 de enero de 2016, cuando el acusado se dirigió al dormitorio de la vivienda familiar que compartía con su pareja sentimental, de 34 años, que se encontraba durmiendo en compañía de la hija común de cinco años de edad.
Tal y como relata el fiscal, tras despertar a la víctima y “con ánimo no sólo de acabar con su vida sino también de hacerlo de una manera cruel y despiadada, y de causar el mayor sufrimiento posible a la misma”, de forma sorpresiva, le asestó con un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja hasta 13 puñaladas en el cuerpo, valiéndose de su desconcierto, dado que se encontraba en estado somnoliento y sin posibilidad de reaccionar frente a “tan descomunal ataque”.
Como consecuencia de estos hechos se produjo la muerte “inmediata” de la mujer, en presencia de su hija menor, la cual se echó sobre su padre en cierto momento para tratar de evitar que continuase con “su brutal agresión”. Posteriormente, sobre las 3.45 horas, el acusado salió a la calle llevando a su hija en brazos, y portando el cuchillo utilizado, “vagando por las calles de la urbanización, hasta encontrar un solar en el que tiró el mencionado cuchillo”.
La Fiscalía indica que cuando caminaba por la calle Río Sorbe, se encontró con uno de los vigilantes de la urbanización, quién hacía la ronda en su vehículo. El acusado le hizo señales para que parase y, después de conseguir que detuviera el coche se dirigió a él y, tras decirle que hacía cinco minutos que había matado a su mujer y pedirle que se llevase a su hija en el coche, aprovechando que éste bajó del vehículo, le agarró del cuello y del brazo para intentar asfixiarle, comenzando un forcejeo a lo largo del cual le causó diversas lesiones.
Finalmente consiguió zafarse del acusado y escapó corriendo hacia la garita de entrada de la urbanización, con intención de pedir ayuda al otro vigilante de servicio y avisar a la Guardia Civil. Una vez acudieron al lugar varias patrullas de la Guardia Civil, comenzaran a buscar al investigado, localizándole finalmente en compañía de su hija. Cuando fueron a proceder a su detención, estando perfectamente identificados y uniformados como agentes de la Guardia Civil, el acusado “mostró una gran resistencia y oposición a dicha detención, revolviéndose de manera muy violenta”.
La víctima recibió puñaladas en el abdomen, en los brazos y en la cabeza y su fallecimiento se produjo por “shock hipovolémico secundario a hemorragia masiva como consecuencia de las múltiples heridas”. Tras su muerte, su hija menor “ha resultado perjudicada por la pérdida de su madre, habiendo sufrido una experiencia traumática con la pérdida de su figura de referencia y con posibles secuelas con necesidad de terapia y atención psicológica especializada”. También han resultado perjudicados los padres de la fallecida.
A causa de la resistencia que opuso en el momento de la detención, un agente de la Guardia Civil sufrió un esguince de tobillo derecho con rotura parcial de ligamentos, dolencia que tardó en curar 73 días impeditivos para su trabajo habitual, sin secuelas. El fiscal pide para el acusado la prohibición de aproximarse al agente a una distancia de 500 metros durante cuatro años, así como de comunicarse con él durante cualquier medio y una indemnización de 4.380 euros.
