El Pleno Municipal respaldó de forma unánime la moción del Grupo Municipal Socialista, en la que se solicitaba instar al Gobierno de España a que la Línea AVE que une Albacete y Cuenca sea considerada como de Obligación de Servicio Público, lo que permitirá que se incorpore a este tramo el servicio Avant, con la finalidad de abaratar el elevado coste al que deben hacer frente las personas que utilizan de forma recurrente esta línea.
Tal y como expuso al resto de grupos municipales la viceportavoz municipal socialista, Marisa Sánchez, la moción defendía que el representante del Ayuntamiento de Albacete en la Red de Ciudades AVE debe exponer en su próxima Asamblea esta petición y recabar el apoyo de la Red, para este fin, lo que permitriá abaratar hasta en un 65% el coste al que tienen que hacer frente las cerca de 400 personas que diariamente utilizan esta línea, que en 2017 registró un volumen anual de 95.000 pasajeros, y que en la actualidad deben realizar un desembolso aproximado de 380 euros mensuales, pues solo pueden aspirar a un ahorro máximo del 35% por trayecto, a través de la adquisición de bonos de 10 viajes.
“Las personas que deben utilizar de forma recurrente el AVE que une las ciudades de Albacete y Cuenca, principalmente por motivos laborales o estudios, tienen una ventaja, pueden cubrir esta distancia en apenas 34 o 36 minutos, en función de si el tren escogido es un AVE o un Alvia, y un inconveniente, el precio de este servicio, que por trayecto de ida y vuelta supera los 23 euros”, expuso la viceportavoz municipal socialista.
Esta situación podría aliviarse, prosiguió, “si se incluyera en esta línea de alta velocidad el servicio Avant de Renfe, que se presta con trenes de alta velocidad específicamente diseñados para viajes cortos. Este servicio ofrece la posibilidad de aprovechar las ventajas de la alta velocidad ferroviaria para atender la movilidad entre poblaciones cercanas en tiempos de viaje muy competitivos, y beneficiarse de las ventajas de la Tarjeta Plus, que ofrece Renfe, para viajeros que utilizan estos trenes con mucha frecuencia”.
En la actualidad, Renfe ofrece el servicio Avant en los trayectos Madrid – Segovia – Valladolid; Málaga – Córdoba – Sevilla; Madrid – Ciudad Real – Puertollano; Madrid – Toledo; Barcelona – Tarragona – Lleida; Calatayud – Zaragoza; Ourense – Santiago – A Coruña; Barcelona – Girona; Barcelona – Figueres Vilafant; y Valencia – Requena Utiel.
La declaración de Objeto de Servicio Público para esta línea, tal y como explicó Marisa Sánchez, permitiría que “el Gobierno subvencione los billetes a los viajeros recurrentes que compren bonos para este recorrido con un ahorro que puede llegar hasta el 65% respecto a la tarifa flexible actual. Es decir, si el trayecto entre Albacete y Cuenca en AVE en la actualidad, escogiendo la tarifa flexible es de 14,60 euros, si este servicio fuera considerado como OSP, se implantarían bonos con descuentos de hasta el 65%, de modo que este trayecto podría hacerse por un importe de poca más de 5 euros por viaje, lo que supondría unos 10 euros diarios de gasto para las personas que viven en Albacete y de forma diaria deben trasladarse a Cuenca y un ahorro de casi el 50% de la cuantía que cada mes destinan en la actualidad para este fin”.
Por otra parte, el Pleno Municipal también aprobó, con el voto en contra de los concejales del PP, la moción conjunta de los grupos municipales del PSOE y Ganemos Albacete, que recogía la propuesta de Amnistía Internacional, para solicitar al Pleno el apoyo a los defensores de los Derechos Humanos apresados por el Gobierno de Turquía.
En concreto, se solicitba que el Ayuntamiento de Albacete se dirija a la Embajada de la República de Turquía en España para que inste a las autoridades de su país a que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a TanerKiliç, así como que se retiren todos los cargos que hay contra los once defensores y defensoras de los derechos humanos procesados.
La responsable de exponer esta moción en el Grupo Municipal Socialista, la concejala Juani García, recordó que entre junio y julio de 2017, 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos el presidente de Amnistía Internacional Turquía, TanerKiliç y la directora de Amnistía Internacional Turquía, IdilEsser, fueron detenidos. De hecho, relató, Turquía ha encerrado a estos activistas justo cuando más se les necesita; los medios de comunicación independientes han sido silenciados, hablar libremente tiene un alto coste y la población turca vive con miedo y, en consecuencia, su detención hace más vulnerables a las personas por las que luchaban frente a la implacable purga del gobierno turco.
Asimismo, Juani García rememoró que “cuando TanerKilic iba a ser liberado y estaba su familia esperándolo a las puertas de la prisión, la Fiscalía decidió volver a dejarlo en prisión preventiva, provocándose una situación muy triste y cruel para ellos. Al día siguiente de esos hechos, que entendemos que son una vergüenza para la justicia de Turquía, el Grupo Parlamentario Socialista reclamó la libertad del presidente de Amnistía Internacional a través de una carta al Embajador de Turquía en España, y se solicitó al Gobierno Español que no guardara silencio. También se pidió también la liberación de la directora de AI y del resto de cooperantes de la organización encarcelados sin pruebas”.
