UPA Castilla-La Mancha, que ha denunciado que el Gobierno de España haya aprobado un nuevo atraco a los recursos hídricos de la cabecera del Segura al tomar en consideración las obras de puesta en marcha de la batería de pozos de Hellín y El Molar, ha demandado de manera “urgente” al Ejecutivo de Castilla-La Mancha que actúe contra estas actuaciones, que suponen “un trasvase encubierto para riego en Murcia”.
En nota de prensa, y tras insistir en que la puesta en marcha y explotación de un conjunto de baterías estratégicas de sondeos tanto en Hellín como en El Molar por un importe máximo de 3.100.000 euros “atenta directamente contra los intereses del sector agroalimentario de la región”, UPA entiende que supone un nuevo trasvase de recursos hídricos del Sureste de Albacete, en concreto en el término municipal de Hellín que afectaría a los acuíferos Mingogil-Villarones y El Molar.
Según UPA, en lo que hace referencia al acuífero El Molar, cuya superficie pertenece en un 70% al término de Hellín, sería el tercer año de trasvase. “En concreto se trasvasaron 15 hectómetros cúbicos en el año hidrológico 2015/2016 y 15 en el año hidrológico 2016/2017 con destino a las comunidades de regantes de Mazarrón, Águilas, Puerto Lumbreras y Pulpí, aprovechándose de un decreto de sequía”.
Desde UPA recuerdan que ya se ejecutó esta obra sin pasar el trámite de informe de evaluación de impacto ambiental, una denuncia que se efectuó en su día por la organización agraria y parece repetirse de nuevo sin que se tomen en consideración los intereses ni el punto de vista de la sociedad castellano-manchega.
De igual modo critican que el Gobierno de España tampoco haya cumplido con los requisitos de la ley de evaluación ambiental para excluir actuaciones de este trámite, pues debería examinar la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley; que el acuerdo de exclusión y los motivos se publiquen en el BOE o diario oficial correspondiente; así como la puesta a disposición del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.
“Hay una serie de acontecimientos que hacen dudar de la legalidad del proyecto”, ha denunciado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, que ha insistido en que éste afectará de manera “drástica” a los intereses de los regantes castellano-manchegos a quienes se les ha denegado el recurso sistemáticamente.
