En la sala de prensa del Ayuntamiento de Almansa comparecían el Alcalde de Almansa, Paco Núñez, junto con el concejal delegado de Hacienda, Valentín Laguía, a fin de informar sobre el resultado arrojado por la liquidación de las cuentas municipales correspondientes al ejercicio 2017. Un resultado positivo, según explicó el propio Alcalde, que demuestra que el trabajo realizado por el concejal Laguía así como por todo el equipo municipal del área de intervención, es un trabajo bien hecho, profesional y responsable.
Núñez explicaba en primer lugar que el Ayuntamiento de Almansa cumplía la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, según informaba la propia interventora municipal en su informe, lo que permite al Ayuntamiento de Almansa evitar acudir a planes de estabilidad presupuestaria que el Ministerio impone a aquellos municipios que no alcanzan estos parámetros económicos. Ambos datos reflejan que la responsabilidad a la hora de ejecutar los gastos del año 2017, según decía el propio Alcalde, ha sido absoluta.
De igual modo, Núñez anunciaba un resultado presupuestario ajustado de 1.143.852 €, siendo el remanente de tesorería para gastos generales de 105.115 €. Sin lugar a dudas, el dato clave de la liquidación presupuestaria que demuestra que el comportamiento del presupuesto del año 2017 ha sido acorde a lo ideado en su momento y ajustado a lo previsto. También el ahorro neto era positivo, por encima de los 246.000 €, cifra que al consolidar con la entidad publica SAPRES quedaba en los 30.000 €.
Finalmente en cuanto a la deuda viva, quedaba fijada en el 64,46%, muy por debajo del 110% que fija el Ministerio como limite máximo de endeudamiento para las entidades locales. Una deuda que se ha reducido un 35% en los años que Núñez lleva al frente de la Alcaldía municipal, a pesar de que, según contaba el propio Alcalde, ha habido que pedir 3.500.000€ para pagar a los proveedores tras los impagos que el ultimo Gobierno socialista de la JCCM provocó en Almansa y otro 1.520.000€ para pagar la primera sentencia de la expropiación del suelo conocido como “batallodromo” y que el Ayuntamiento ha tenido que adquirir por sentencia judicial firme como consecuencia de una nefasta gestión del suelo en anteriores etapas de gobiernos socialistas.
