La polémica ha saltado este miércoles ha raíz de una nota de prensa del grupo provincial de Ganemos-Izquierda Unida en la que denuncia que la Diputación de Albacete ha contratado a tres letrados, por un importe superior a los 306.000 euros, “a pesar de disponer de un gabinete jurídico propio”.
Según señala este grupo, el pasado 6 de marzo un decreto de Presidencia dispone la primera resolución con el fin de contratar a un letrado por 17.500 euros, para la asistencia jurídica del expresidente de la Diputación Javier Núñez (PP) y del actual Santiago Cabañero (PSOE) en la fase de instrucción de las diligencias previas del procedimiento abreviado 750/2017, tramitado en el Juzgado de Instrucción 3 de Albacete. El mismo letrado es vuelto a contratar, por otros 17.850 euros, para “la defensa” de Cabañero en la fase de instrucción del procedimiento abreviado 0001193/2017, tramitado en el mismo juzgado.
Tras las anteriores, la Diputación ha procedido a dos nuevas contrataciones, dos letrados a razón de 109.000 euros más IVA cada uno. El objeto del contrato es la “asistencia jurídica” para la defensa de la Diputación Provincial de Albacete en “todas las fases de primera instancia” en el procedimiento ordinario 1270/2017 abierto en el Juzgado número 5 de Albacete, en relación con la demanda interpuesta sobre los bienes de la herencia de Purificación Urrea.
Ganemos-Izquierda Unida considera que el procedimiento seguido para adjudicar estos contratos no es “el más transparente y garantista” posible. De hecho, en el pleno provincial de febrero, la diputada y portavoz de Ganemos-Izquierda Unida, Victoria Delicado, expuso sus “dudas”, ahora confirmadas, “acerca de si la designación de los letrados se debería haber hecho mediante una contratación pública”, al tratarse de un procedimiento “nuevo”. Además, señala Ganemos “la Diputación de Albacete dispone de un gabinete jurídico propio”.
Por su parte, Diputación de Albacete ha manifestado que es “totalmente falso” que la Diputación de Albacete haya realizado contratos de asistencia jurídica externa sin procedimiento de contratación. En todos los casos, sostiene la Institución Provincial, “se ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente al respecto y se ha contado con el apoyo técnico pertinente”
Por otro lado, Diputación señala que “la asistencia jurídica es fruto de cuatro contratos realizados para la defensa tanto del presidente actual como del anterior, como representantes de la institución provincial, en tres procedimientos judiciales distintos que están siendo tramitados, en dos de los casos, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete y, en el tercero, en el Juzgado número 5, contando los cuatro contratos, como no podía ser de otra forma, con el pertinente apoyo técnico de los servicios de la institución provincial, e incluso en los relacionados con el último procedimiento con el pronunciamiento favorable de la Corporación en Pleno”.
En relación al cumplimiento de la normativa, Diputación alega que en los dos primeros casos se trata de sendos contratos para asistencia letrada en dos procedimientos, en fase de diligencias previas, que fueron tramitados como contratos menores (artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Séctor Público), al tratarse de importes inferiores a los 18.000 euros. Los contratos, añaden, han sido suscritos con un abogado de acreditada experiencia y solvencia en procedimientos tramitados en los últimos años.
Por su parte, los otros dos contratos, que superan esa cifra, se acogieron a la fórmula marcada en dicha norma como procedimiento negociado sin publicidad para el servicio de dos letrados en un tercer procedimiento, abierto en este caso por la demanda de los herederos de Purificación Urrea. Este procedimiento de contratación se adoptó ante la “imperiosa urgencia resultante de un acontecimiento imprevisible”, basada en la necesaria contestación a la demanda en un periodo de 20 días, así como por meras “razones técnicas”, puesto que los abogados contratados han defendido a la Diputación en el caso Urrea desde el año 2006. Así queda reflejado en la propuesta correspondiente.
Para finalizar, Diputación señala que tampoco es correcto asegurar, como refleja la mencionada nota de prensa en numerosas ocasiones, que la Diputación de Albacete disponga de un gabinete jurídico propio para este tipo de asuntos, de carácter civil y penal, dado que los servicios jurídicos de la institución provincial se ocupan de asuntos contencioso-administrativos. Es habitual la contratación de asistencia externa para estas cuestiones jurídicas ante la imposibilidad de ser abordadas con servicios propios.En todo caso, aseveran, los honorarios de dichos abogados han sido calculados y negociados conforme a las normas orientativas del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete sobre tasación de costas.
