/Llanos Esmeralda García/Foto: María Guerrero/
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, ha recibido en la sede del tribunal, en Albacete, a la Consejera de Bienestar Social del gobierno regional, Aurelia Sánchez Navarro, cita en la que la consejera ha presentado la Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno y que pasará a su tramitación parlamentaria en sucesivos días. Una ley que ha dicho Sánchez es “pionera en el conjunto de España y de manera internacional. Es una ley completa y sencilla”.
Una reunión de la que Sánchez ha calificado “es importante porque la coordinación con el Poder Judicial es fundamental”. Esta ley da respuesta a la pregunta que se hacían los padres, dice Sánchez, sobre el futuro de sus hijos, “distinta a la que había hasta ahora en la que los familiares tenían que recurrir a la tutela judicial exclusivamente”; y es que en la región hay 1.200 personas tuteladas, en torno a 250 cada año, aproximadamente 300 en Albacete lo que supone un 20% del total de todos los tutelados de la región. Ahora “esta ley permite otra posibilidad para las familias, no solamente estará la tutela judicial sino que además tendrá la oportunidad de que la Administración se comprometa a hacer un plan de futuro entre las familias, las personas con discapacidad y la administración regional”, para dejar sobre papel, remarca Sánchez “el compromiso de la Administración para el futuro de las personas con discapacidad y darle tranquilidad a las familias”.
La principal aportación del Poder Judicial, señala la consejera, es la “coordinación” porque ha dicho que esta ley lo que permite es agotar al máximo las capacidades de las personas con discapacidad y que ellos puedan colaborar en su plan de futuro. Esta ley permite con el apoyo de un mediador y la persona, en la medida de sus posibilidades, pueda hablar y decidir acerca de su futuro. “Una ley que va con los principios y la filosofía de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, incide Sánchez.
Futuro
Una ley que es similar al testamento de voluntades anticipadas en Sanidad, las personas con discapacidad realizarán un documento que quedará registrado en un registro regional de planes de futuro “este registro va a ser un compromiso del Gobierno regional donde van a estar todas las consideraciones que las personas con discapacidad y la familia quieran para el futuro”, incide la consejera.
Y es que esta ley “no viene sola”, insiste Sánchez,”ya que viene acompañada de un presupuesto y la creación de nuevos recursos». El presupuesto de esta ley para 2018 es de 5 millones de euros y también va a suponer la creación de plazas de atención especializada de todo tipo: 480 desde la Consejería de Bienestar Social de Atención Especializada, 85 plazas nuevas desde la Consejería de Sanidad para personas con enfermedad mental que tengan modificada su capacidad de obrar, es decir, que sean potencialmente tuteladas.
Una apuesta más para contar con las Fundaciones tutelares, que van a contar con unidades de protección y apoyo; y con la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, que es donde va a estar el registro de orientación y apoyo registrados todos lo planes de futuro de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
En la región hay en torno a 140.000 personas que tienen un grado de discapacidad del 33% o superior, pero de ellas “tan solo el 25% podemos considerar que tiene modificada su capacidad de obrar, que tiene esa incapacidad para tomar decisiones”, por lo que matiza la consejera “estamos hablando de 36.000 personas que son la población diana inmediata para el futuro de esta ley”.
En definitiva, esta ley, esgrime Sánchez “es una alternativa que complementa a la tutela, la persona podrá estar o no tutelada pero tendrá un plan de futuro; ese plan de futuro tiene que ser conocido por el juez”.
