/Llanos Esmeraldo García/
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete está elaborando el contenido del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que le impone una multa de 20.000 euros por una presunta recomendación colectiva sobre precios de los honorarios para pleitos por la salida a Bolsa de Bankia.
El decano de dicho colegio, Albino Escribano, ha comparecido este miércoles para mostrar la disconformidad de dicha institución colegial con la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A este respecto, Escribano ha subrayado que “los Colegios de Abogados no pactan ni recomiendan precios ni honorarios, ni en éste, ni en otros casos, ya que los honorarios de los letrados en España se fijan libremente”.
Así, ha reiterado Escribano que “la resolución de la CNMC va en contra, no solo de la Ley y de la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, sino que también supone una modificación de la inicial propuesta de resolución emitida por el órgano de instrucción. El Consejo de la CNMC decidió desoír la “Propuesta de Resolución de Archivo” emitida por la propia Dirección de Competencia de la CNMC, que instruyó el asunto, y dictó un Acuerdo de Recalificación por infracción muy grave”.
El expediente abierto por la CNMC, ha dicho Escribano que tiene como origen una denuncia presentada por Bankia, entidad que, “tras perder numerosos juicios, ha tenido que afrontar el pago de las costas judiciales, es decir los honorarios de los abogados y los derechos de los procuradores y de los peritos de los consumidores, que tuvieron que acudir a los juzgados como única forma de resarcirse de la inversión realizada en la salida a Bolsa en 2011”.
“Hemos sido requeridos en el día de hoy por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, nos han dicho que estamos bajo vigilancia para el cumplimiento de las observaciones que señalan en el requerimiento y en última instancia se nos plantea si vamos a recurrir o no”;ha señalado Escribano.
Y es que la determinación de las costas judiciales, ha informado Escribano, “no se produce únicamente cuando ha perdido el asunto el Banco, también se determina en los casos en los que la entidad bancaria gana el asunto, y su importe no lo fijan los Colegios de Abogados sino los juzgados y tribunales con un informe que los Colegios de Abogados deben emitir con carácter obligatorio, de acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
En tal caso, la Ley de Colegios profesionales habilita a los Colegios de Abogados para aprobar criterios orientadores, con arreglo a los cuales deben emitir informe en los procedimientos de tasación de costas y jura de cuentas, para que, en cada caso, se determine por el órgano judicial el correspondiente importe de los honorarios de los abogados, han detallado desde el Colegio.
El conocimiento de esos criterios orientativos en cuanto pueden ser determinantes para el conocimiento de los costes reales de un procedimiento judicial es una garantía para el consumidor y un derecho que está reconocido en la “Carta de los derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, que fue aprobada con el respaldo unánime de todos los partidos integrantes del “Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia” formalizado en mayo de 2001 que señala expresamente que “el ciudadano tiene derecho a ser informado por su abogado y por su procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada”.
Así, ha subrayado Escribano que la denuncia de Bankia lo que pretende es “influir y limitar el derecho de defensa de los consumidores como el que ejerce la abogacía y al mismo tiempo la independencia de los colegios de abogados en el cumplimiento de una obligación legal. Esa es la intención final y única de Bankia, pretende influir sobre lo que ha sido condenado en virtud de sus propios actos”.
