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Los 20 municipios afectados por las obras de conexión con la ETAP de Albacete ganan la batalla

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/Sandra Manzanares/

La justicia da la razón a los 20 municipios albaceteños afectados por las obras de conexión con la Estación de Transferencia de Agua Potable, ETAP, de Albacete, realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar y cuyo valor ascendía a los 14 millones de euros. En el caso de pueblos como Peñas de San Pedro y Alcazodo, las cuantías que se les requería por unas obras que “ni pidieron, ni necesitaban”, rondaban los tres millones de euros.

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Como detallaba el alcalde de Peñas de San Pedro, Antonio Serrano, comparecer ante los medios de comunicación después de 10 años para afirmar que los municipios “no van a pagar las tarifas que nos querían imponer desde la Confederación” es toda una “satisfacción”. Esta “rebelión” comenzaba con el anuncio de Barreda en el año 2005, cuando el por entonces presidente de la Junta de Castilla-La Mancha aseguraba que se tomarían medidas contra la sequía, entre las que se encontraban estas obras, declaradas de “urgencia”, y que comprendían conexiones entre Albacete, Pozohondo, Peñas de San Pedro y Alcadozo para llevar agua potable desde Albacete hasta dichos municipios.

Un anuncio que generó “desconfianza”, pues, como apunta Serrano, “nadie decía quien iba a realizar estas obras”, que, además eran “innecesarias, ya que estos pueblos se abastecen de sus propios pozos. En 2009, Peñas de San Pedro recibe una tarifa de 100.000 euros, que le llegaría año tras año durante 25 años, a cuenta de esta infraestructura. Fue entonces cuando comenzó un proceso que ha concluido con la respuesta del TSJ: esta fórmula no tenía cobertura legal, explica el alcalde de Peñas de San Pedro, destacando que “ni se había firmado nada, ni las partes implicadas sabían que iban a pagar estas obras”.

Según la sentencia emitida por el TSJ de la Comunidad Valenciana, “no cabe duda que las obras que motivan la exigencia de la tasa de que se trata son unas obras que deben reputarse como ‘ilegales’ desde el momento que la norma que las ampara ha sido anulada por una resolución judicial firme”, refiriéndose a la sentencia emitida en 2009 por el TSJ de Castilla-La Mancha. Además de anular las liquidaciones tributarias que se establecían sobre los municipios, con la última resolución se imponen las costas a la parte demandada.

Se trata de un “atraco político”, que se ha saldado de manera favorable para estos 20 pueblos, ganando una sentencia, que, de haber perdido, hubiera supuesto el “colapso financiero” de los municipios. “David ha ganado a Goliat”, incidía Serrano, a lo que el primer edil de Alcadozo, Ángel Alfaro, añadía que con esta actuación se habían invadido competencias exclusivas de los Ayuntamientos, poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria de los mismos con estos “tarifazos inasumibles”.

Ambos alcaldes lamentaron que por aquel entonces la Confederación sólo se comunicara con los alcaldes a través del Boletín Oficial del Estado, sin participación en los proyectos a los que “no habían sido llamados, quedando al margen de los procesos de planificación y de decisión para todas las cuestiones que les afectan directamente”.

Municipios como Alatoz, Casas de Lázaro, Casas de Juan Núñez, Chinchilla, La Gineta o Valdeganga se vieron afectados por unas obras, en las que en algunos casos hubo que realizar expropiaciones, que todavía están “sin liquidar”, remarcaba Alfaro, añadiendo que se trata de unas obras “sin fundamento”, que han provocado “sufrimiento”, pues en juego estaba el futuro de estos pueblos, concluía Serrano.

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