El dictamen llevado a cabo por unanimidad de los miembros de la Subcomisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete decreta el cese del funcionamiento de la actividad de un gimnasio ubicado en Albacete capital hasta que se adopten las medidas correctoras necesarias para corregir las anomalías comprobadas, debiendo constar tales medidas en certificado expedido por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente para su comprobación previa por los servicios técnicos municipales. Tales anomalías se centran en la transmisión de ruidos y vibraciones propias de la actividad del gimnasio a vecinos del inmueble.
Según el informe realizado por el Servicio de Salud Ambiental de la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete tras la denuncia de los vecinos por los altos niveles sonoros alcanzados en el local debido a la música y a las vibraciones que producían las pesas y mancuernas contra el suelo, los técnicos de la Unidad Verde del Ayuntamiento de Albacete se personaron en el gimnasio el pasado 20 de junio, pudiendo comprobar como en el mismo había un equipo de música que podría llegar a alcanzar los 75 decibelios. Además, según el informe, también se pudo comprobar como en varias viviendas de la comunidad de propietarios denunciante los niveles de ruido transmitidos por el funcionamiento normal del gimnasio incumplían lo indicado en el artículo 275 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente al ser superiores a 30 dB. Además, en una de las viviendas se incumplía lo indicado en el artículo 325 de la OMMA, al existir vibraciones detectables sin instrumentos de medida procedentes del funcionamiento normal de la actividad (golpes de pesas en el suelo).
Tras estos hechos, con fecha 10 de julio de 2017 le fue comunicado por parte del Ayuntamiento de Albacete al propietario del gimnasio el requerimiento para que en el plazo de un mes se tomaran las medidas correctoras oportunas para cumplir con lo indicado en el artículo 275 y 325 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente y las condiciones de la licencia de funcionamiento. El 24 de julio de 2017, el propietario del gimnasio solicita copias de los informes y actuaciones de la Policía Local de Albacete referentes a dicho caso, presentando el 9 de agosto de 2017 un escrito de adopción con las medidas correctoras llevadas a cabo por la actividad.
El 3 de octubre de 2017, se le comunica al gimnasio por parte del Ayuntamiento de Albacete que en su escrito presentado el 9 de agosto no se justifica que se hayan adoptado dichas medidas correctoras para solucionar los problemas de ruidos y vibraciones. Dándole de nuevo un plazo de 10 días para que pueda tomarlas. El propietario del gimnasio presenta el 17 de octubre presenta un certificado técnico de adopción de medidas correctoras llevadas a cabo en la actividad de gimnasio para evitar molestias por ruido y vibraciones a vecinos colindantes.
Más de un mes más tarde, concretamente el 24 de noviembre de 2017, y siempre según el informe del Servicio de Salud Ambiental del Ayuntamiento de Albacete, los técnicos de la Unidad Verde del Ayuntamiento de Albacete comprueban que las medidas adoptadas por la propiedad del gimnasio no han sido suficientes para evitar molestias por ruido y vibraciones en diversas viviendas.
Por todo lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, propuso a la Subcomisión de Medio Ambiente el cese del funcionamiento de la actividad del gimnasio hasta que se adopten las medidas correctoras necesarias para corregir las anomalías comprobadas, debiendo constar tales medidas en certificado expedido por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente para su comprobación previa por los servicios técnicos municipales. Una propuesta que encontró el respaldo unánime de la Subcomision Informativa de Medio Ambiente, Consumo, Abastos y Desarrollo Sostenible celebrada este martes, 26 de diciembre.
Dicho cese deberá producirse en el plazo de cinco días desde la comunicación del acuerdo, con advertencia de que en caso contrario se procedería a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento.
