/Sandra Manzanares/
Albacete contará con una nueva vivienda para seis personas con discapacidad intelectual, que estará gestionada por Asprona. Así lo explicaba el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, destacando la apuesta por las asociaciones, intención materializada en esta nueva vivienda para atender a personas con discapacidad intelectual, tuteladas por la Comunidad Autónoma, con las que ahora van a trabajar desde Asprona “en un proceso de autonomía personal”.
Como señalaba Martínez Guijarro, durante las declaraciones realizadas en la gala del 55 aniversario de Asprona, este nuevo recurso se suma a otros iniciados también este año en colaboración con la asociación como son un servicio de capacitación con 75 plazas y un nuevo recurso de atención temprana en la Sierra de Alcaraz que atenderá a 25 familias con niñas y niños con dificultades en el desarrollo.
De esta manera, Martínez Guijarro ha querido mandar un “mensaje de tranquilidad” a los padres de las personas con discapacidad, pues cuando ellos falten, sus hijos “tendrán garantizada esa tranquilidad” de la mano de acciones que así lo aseguren. Además, el vicepresidente ha destacado el trabajo que realiza esta entidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, su pleno desarrollo personal y su inclusión social a través de su red de centros en la provincia de Albacete, en los que atiende a más de 1.200 usuarios.
Un anuncio “importante”
Este miércoles se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una convocatoria “importante para todo el colectivo de asociaciones que trabajan con el sector de la discapacidad”. Se trata de una convocatoria de ayudas para el año 2018 por un importe de más de 47 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto a 2017, y que además, incorpora una novedad, pues a partir de 2018 las asociaciones tendrán pagos mensuales por los servicios que prestan.
Como reflejaba Martínez Guijarro, este paso adelante contribuirá a estabilizar “el normal funcionamiento desde el punto de vista financiero de las asociaciones”, que desde enero recibirán una contraprestación, por lo que “no se verán obligadas a pedir créditos para financiar los servicios que están prestando a las personas con discapacidad”, concluía.
