/Sandra Manzanares/Laura González/
Hace unos meses la Policía Nacional destapaba un caso de fraude a la Seguridad Social y falsedad que provenía de una empresa que estaba utilizando datos falsos para asignar cursos formación on line dirigidos a cualificar y especializar a trabajadores activos, unos alumnos que “no existían”. Una vez registrada la sede de la empresa, se intervino numerosa documentación y efectos que servían para efectuar el entramado fraudulento, explicaba la Policía.
La investigación sigue su curso con el fin de esclarecer los hechos, para lo que se está continuando con el atestado que se comenzó meses atrás y este mismo jueves por la Comisaría de Policía Nacional en la capital Albaceteña han pasado “bastantes” personas relacionadas con esta estafa, entre las que se encuentran miembros de la empresa que organizaba los cursos y de las empresas que se prestaban a la “trampa”, indica.
Hechos
Según detallaba la Policía en su momento, la empresa de formación utilizaba empleados becados para el control de los cursos ofertados a trabajadores en activo inscritos suplantado la identidad de quienes no realizaban los cursos, además de instruirlos para que supieran proteger el procedimiento de eventuales controles oficiales. Estos becarios tenían instrucciones de la empresa para superar las pruebas finales del curso y acceder al título.
El comunicado oficial de los agentes señalaba que esta práctica irregular permitía a los empleadores de los trabajadores inscritos en cursos la obtención de una bonificación, a descontar de la cotización a la Seguridad Social, lo que hacía que algunos de los trabajadores se registraran en varios cursos. Además, los empresarios recibían algún obsequio de la empresa de formación, tales como equipos informáticos portátiles, tablet, teléfono móvil, el pago de la cuota a la agencia española de protección de datos, tarjetas de visitas y hasta jamones, entre otros “regalos”.
Los cursos son ofertados dentro del programa de Formación Profesional para el Empleo y su Financiación de la administración pública en su doble vertiente de la formación de empresas y del trabajador, y el fraude a la Seguridad Social en concepto de bonificaciones indebidas de la cotización puede alcanzar los 435.000 euros desde el año 2.012 hasta el 2.016.
