El Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete sentará este lunes 17 de julio en el banquillo de los acusados a tres personas que anunciaban la venta de vehículos en páginas de anuncios a un precio bajo y que, cuando se procedía su compra, previo pago de los estafados por transferencia, se quedaban con el dinero sin entregar los vehículos.
En el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía considera que cometieron un presunto delito continuado de estafa y solicita para los tres procesados la pena de dos años de prisión, o “alternativamente” un presunto delito de blanqueo de capitales por imprudencia, por el que les pide 15 meses de cárcel y el pago de 20.000 euros de multa.
Según dicho escrito, entre los meses de septiembre y noviembre de 2011 los acusados G.A.C., T.F.B. y N.L., todos de nacionalidad rumana y sin antecedentes penales, puestos previamente de acuerdo, con ánimo de obtener un ilícito beneficio y actuando en unión de otras personas, contra los que no se dirige el procedimiento al no habérseles podido localizar para tomarles declaración en concepto de imputados, idearon un sistema para, a través de supuestas ventas en Internet, conseguir defraudar a personas con las que contactaban por medio de la red.
Así, y durante ese periodo de tiempo, los acusados, normalmente a través de la página segundamano.es, insertaban anuncios en los que ofrecían en venta vehículos de diferentes modelos y marcas a precios muy competitivos, bastante por debajo de lo que sería su precio normal en el mercado, hacían constar que los vehículos venían del extranjero, normalmente de Alemania, y facilitaban un número de cuenta en el que los compradores debían hacer el ingreso, sin que luego recibieran ningún vehículo a cambio y tampoco se les restituyera su dinero.
Concretamente entre el 2 y el 9 de noviembre de 2011, una persona concertó la compra de un vehículo por un importe de 2.300 euros, realizando el mismo la transferencia el día 2 de noviembre a favor la cuenta, cuenta cuyo titular es M.N.
el cual acudió el día 3 de noviembre de 2011 en compañía de G.A.C. a la sucursal de su banco en ALBACETE y retiró el dinero.
En las conversaciones con el comprador los acusados decían llamarse Carlos Rofino Indalecio, con residencia en Alemania y en ningún momento tuvieron intención de entregar al comprador vehículo alguno.
Días después, entre el 10 y el 16 de noviembre de 2011, hicieron lo mismo con otro estafado que quería comprar otro vehículo y para lo que realizó un pago mediante una transferencia el día 15 de noviembre de 2011 a la cuenta por importe de 3.218 euros.
La cuenta es titularidad de la acusada N.L. y la misma, una vez recibido el dinero, se quedó con el dinero sin que dicho vehículo le haya sido entregado en ningún momento.
El 15 de noviembre de 2011, ocurrió un hecho similar con otro estafado que realizó una transferencia de 3.000 € a la cuenta de N.L. por un coche al que tampoco entregaron, como no hicieron con otro comprador que transfirió 3.900 euros.
El acusado G.A.C. fue detenido el día 16 de noviembre de 2011 cuando acudía, en compañía de otra compatriota, a cobrar en la sucursal la cantidad de 7.200 € procedentes de una supuesta venta de un vehículo. Ese mismo día fueron detenidos el resto de acusados cuando se disponían a cobrar el dinero en el banco.
ALTERNATIVA DE BLANQUEO DE CAPITALES
El escrito de acusación provisional de la Fiscalía plantea otro delito alternativo, el de blanqueo de capitales por imprudencia.
En este caso, el ‘modus operandi’ de los acusados es que se pusieron de acuerdo con personas que no han podido ser identificadas para facilitar a las mismas los números de las cuentas corrientes que previamente habían aperturado en varias oficinas bancarias de Albacete con el fin de recibir cantidades de dinero que, una vez ingresadas en sus cuentas, los acusados sacarían, entregarían a las personas con las que lo habían acordado, quedándose ellos, en beneficio propio, con una cantidad, en torno a los 150 ó 200 euros por operación. Así recibieron hasta cuatro transferencias por un total de 12.418 euros.
Según el representante del Ministerio Público, el dinero recibido en las cuentas procedía de personas que realizaron las transferencias engañadas y en la creencia que compraban vehículos que habían visto por internet a través de anuncios en webs.
La Fiscalía manifiesta también que “no se ha podido acreditar que los acusados conocieran a ciencia cierta el origen del dinero que recibían en sus cuentas pero sí que han actuado al margen de las cautelas necesarias para conocer su origen”.
Por lo tanto, para el Ministerio Público, pudiendo y debiendo haber conocido el origen de dichas cantidades, observando los mínimos deberes de cuidado que les eran exigibles, “actuaron sobre el dinero recibido en beneficio propio y posibilitando su ocultación por las personas autoras de la defraudación”.
