La Diputación de Albacete quiere pagar a los trabajadores, pero dentro de la legalidad

/Sandra Manzanares/Foto: María Guerrero/

Según el informe del Tribunal de Cuentas que llegó a la Diputación de Albacete la semana pasada, relativo a los años 2.014 y 2.015, las cuentas generales de la institución provincial reflejan ciertas “irregularidades”, algo que el vicepresidente segundo de la Diputación, Ramón García, augura también para 2.016, pues “el hombre es el único animal que tropieza en la misma piedra. Tropezó el Partido Popular y nosotros también hemos tropezado”, detalla.

El informe, habla de un reparo de 40 millones de euros, pero “no es así”, a lo que el también diputado de Personal, refleja que se trataría de cuatro millones de euros. Un documento al que presentarán alegaciones, pues podría repercutir judicialmente en el personal de Diputación e incluso en la economía de la institución, con la posible devolución de las cantidades que tienen reparo y pueden ser irregulares.

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Productividad y paga social

Cabe destacar que el pliego se ciñe a aspectos de personal, en concreto al complemento de productividad y ayudas sociales, arrojando unas “claras” conclusiones, siendo necesario incluir en un complemento específico los abonos derivados de los trabajos nocturnos, así como las jornadas de sábados, domingos y festivos, si se incluyeran en un complemento específico, las llamadas incidencias desaparecerían, puntualiza García.

Tampoco se pueden “se pueden abonar horas si no han sido justificadas previamente”, por lo que, al complemento de productividad, debe acompañarle una evaluación previa del rendimiento, que “hasta ahora no se viene produciendo”. Además, el informe refleja que la distribución de la productividad “se excedía del ámbito del objetivo de la negociación colectiva”.

Con respecto a las ayudas sociales, hay que recordar que es un concepto retributivo que se creó con el nombre de «Fondo de ayuda social y formación» y cumplía con dicho objetivo de cubrir determinadas necesidades de los empleados públicos, haciéndose efectiva en las mensualidades de febrero y septiembre. Según el Tribunal de Cuentas, la definición de la paga «excedió el marco de la negociación colectiva”, que no se ajusta a la naturaleza de este tipo de ayudas, que “no se pueden considerar como una paga periódica ni en el tiempo ni en la cantidad”. Estas ayudas “han tenido incremento según la evolución del Índice de los Precios al Consumo, lo que, también “contraviene” la legalidad.

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Control de contrataciones

Por último, este informe recomienda “ajustarse al máximo a la contratación de interinos”, en cuanto a la necesidad de acreditar el carácter urgente de dichas contrataciones. Y es que, estamos advirtiendo que “es necesario ajustar los complementos de retributivos de la Diputación a la normativa vigente, por lo que convocamos mesa de negociación para buscar entre todos la forma idónea para otorgar al complemento de productividad y ayudas sociales de legalidad, por desgracia hemos tenido poco éxito en la negociación”.

Retomar negociaciones

Por todo ello, es “imprescindible modificar” el Convenio Colectivo y el Acuerdo Marco, para lo que se necesita negociar con los sindicatos. Algo a lo que “ningún momento me he negado”, señala García, añadiendo que “hemos llegado a un punto en que o todos cedemos y ponemos de nuestra parte o va a ser imposible”. En este sentido, el diputado ha destacado que “hemos ido dando pasos”, en las incidencias, que tienen que regularse en un reglamento y “pagarse en nóminas mes a mes”, para que “no tengamos problemas”, aspectos que hay que tratar en mesa de negociación. Además, el García recuerda que se han considerado como servicios esenciales, para evitar el reparo en contrataciones de interinos, los prestados por UME, San Vicente y SEPEI.

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Finalmente, García ha resaltado que “no es un capricho del Equipo de Gobierno ni una cuestión de represalias, sino que queremos revertir de legalidad todas las retribuciones que se cobran en esta casa”. Así, el vicepresidente ha destacado que “queremos pagar, pero sin cometer irregularidades”, por lo que insta a los sindicatos a que retomar negociaciones y, que “nos sentemos a la mesa”, con el ánimo de asegurar algo que “es de ley” como cobrar los salarios, pero “no podemos consentir que un presidente se vea implicado en un problema judicial con el Tribunal de Cuentas por firmar una nómina de un millón de euros que tiene un reparo de ilegalidad por parte de los servicios de intervención”, concluye.

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