El Ayuntamiento de Albacete ha empleado, «por primera vez, como criterio en una mesa de contratación, para adjudicar la suscripción de un crédito bancario con el Consistorio, que las entidades estén adheridas al código de buenas prácticas bancarias y al mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, para ofrecer alternativas al desahucio a sus deudores hipotecarios, cuando la causa obedezca a una situación de pobreza sobrevenida», ha explicado el Grupo Municipal Socialista.
Esta mesa de contratación se celebró el pasado 29 de marzo y en ella se estudiaba la documentación presentada, tanto por BBVA como Caja Rural de Castilla-La Mancha, para la suscripción de un préstamo, para sustituir el anterior que el Ayuntamiento había conformado con la entidad Dexia y un importe total para la operación de 6.464.225 euros, ha informado el PSOE.
Esta circunstancia, que el Ayuntamiento discrimine positivamente en sus relaciones con entidades bancarias a aquellas que ofrezcan alternativas al desahucio a sus deudores hipotecarios, que no puedan hacer frente a su crédito, ha sido una petición que el Grupo Municipal Socialista ha puesto sobre la mesa «en numerosas ocasiones, durante los últimos seis años. De hecho, entre las propuestas contempladas en dos mociones, una presentada en 2011 y otra un año después, figuraba esta posibilidad».
Finalmente, la mesa de contratación decidió, tal y como proponía en su informe el Servicio de Tesorería Municipal, dividir el importe de la operación a partes iguales entre ambas entidades, ya que en la documentación aportada por ambas entidades se acreditaba que estaban adheridas al código de buenas prácticas bancarias, han manifestado los socialistas.
«Precisamente, para que en el futuro este tipo de decisiones cuenten con un mayor número de criterios objetivables, el Grupo Municipal Socialista trasladará una propuesta a la Concejalía de Hacienda que, entre otros factores a valorar, incluirá, la antigüedad desde la que la entidad se adhirió al código de buenas prácticas bancarias o el número de viviendas aportadas al fondo social de viviendas y otros elementos que permitan objetivar las decisiones», ha concluido el PSOE.
