Durante esta semana, las familias de Lorenzo Franco, Andrés Panduro y Juan Carlos Rumbo han comenzado a cobrar las indemnizaciones por sus muertes de hace ahora 27 años. Los tres novilleros albacetenses fueron acribillados a disparos en la finca ‘Charco Lentisco’ de Cieza.
La madrugada del 1 de diciembre de 1990 la luna se tiñó de sangre. Tres jóvenes novilleros de Albacete perdieron su vida en la vecina localidad murciana de Cieza cuando, según las primeras pesquisas del caso, intentaban ‘hacer una luna’ en la finca propiedad del empresario papelero Manuel Costa conocida como ‘Charco Lentisco’.
En un Talbot Solara propiedad de Lorenzo Franco ‘El Loren’ partieron los novilleros desde nuestra capital hasta Cieza y aunque ataviados en el maletero con sus trastos de torear, nunca salió de aquel coche ningún capote ni ninguna muleta una vez llegados a su destino. Dato importante este en la investigación del caso ya que si los útiles de torear estaban intactos y doblados en el maletero, era prácticamente imposible que el motivo de los disparos realizados aproximadamente a las tres de la madrugada por el propietario de la finca y dos de sus empleados, los hermanos Yepes Palazón, fuese que los tres jóvenes toreros estaban toreando furtivamente a la luz de la tremenda luna llena que iluminaba aquella fría noche de diciembre de 1990 los parajes, desde entonces impregnados de muerte, de ‘Charco Lentisco’.
Cuatro años después, Manuel Costa y sus dos empleados fueron declarados culpables y condenados cada uno a una pena de prisión de 81 años, 27 por cada una de las muertes, y a pagar una serie de indemnizaciones a las familias debido a sus responsabilidades civiles. Y es precisamente en el cobro de esas indemnizaciones cuando las familias comienzan a vivir un nuevo y largo calvario, tanto, que ha durado 27 años. Paradójicamente, los mismos que estableció la sentencia por la vida de cada uno de los tres novilleros.
Puesto ‘El Digital de Albacete’ en contacto con Julio García Bueno, abogado de las familias Franco, Panduro y Rumbo, el letrado manifiesta que “En el año 1995 comenzó la ejecución de la sentencia al ingresar en prisión los condenados e iniciarse el trámite de la responsabilidad civil para con los bienes que tuviesen, cobrar las indemnizaciones. De los tres condenados, los dos empleados de la finca eran insolventes y solo el dueño era solvente” expresaba a nuestro micrófono Julio García Bueno.
Son varios los motivos por los que las indemnizaciones han tardado tanto tiempo en hacerse efectivas, errores judiciales y alzamientos de bienes incluidos. “Entre la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia y la sentencia del Tribunal Supremo, la esposa del dueño de la finca procedió a vender todos los bienes, de los que eran titulares en régimen de gananciales. Había habido una orden de embargo por parte del Juzgado de Cieza que no se llegó a inscribir en el Registro de la Propiedad y cuando se hicieron esas ventas, estaban inscritas con fecha anterior al embargo del juzgado. Ese fue el error y de ahí es donde deriva la indemnización que ahora se ha reconocido a favor de las familias de los tres fallecidos y con cargo al Estado”, manifestaba el letrado a ‘El Digital de Albacete’ para seguir explicando como han sido todos los procedimientos judiciales vividos durante estos 27 interminables años, “La esposa del dueño de la finca incurrió en un delito de alzamiento de bienes por esas ventas y fue condenada por ello por la Audiencia Provincial de Murcia y por el Tribunal Supremo. Los compradores, no se pudo demostrar que actuaron de mala fe y por tanto ya no se pudo cobrar por parte de las familias ningún tipo de indemnización en aquel momento”. Tocó entonces abrir un nuevo procedimiento, concretamente y según continuaba explicando Julio García Bueno, “un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado por los errores que había cometido el juzgado en orden a no inscribir en el Registro de la Propiedad los embargos que se habían acordado en la sentencia contra Manuel Costa”.
Por fin y después de tanto tiempo, en febrero del año pasado, la Audiencia Nacional dictó sentencia y dio la razón a las familias de Lorenzo Franco, Andrés Panduro y Juan Carlos Rumbo. “La Audiencia Nacional ha reconocido un defectuoso funcionamiento del servicio público de la administración de justicia y ha establecido a cargo del Estado una indemnización para cada una de las familias de 106.185 euros, cantidad que han comenzado a percibir esta misma semana por parte del Ministerio de Economía los familiares de Andrés Panduro y Juan Carlos Rumbo. La familia de Lorenzo Franco tiene reconocida una indemnización igual pero no la ha comenzado a cobrar porque su padre falleció el año pasado y se está tramitando su declaración de herederos”, aseveraba el letrado.
¿Y que fue de los condenados? Se les aplicó la doctrina Parot y cumplieron cada uno 17 años de privación de libertad, saliendo de prisión en 2002. El dueño de la finca falleció al poco tiempo de volver a ser libre y los hermanos Yepes Palazón, intentan continuar y rehacer sus vidas en su Cieza natal. Algo que lamentablemente, no podrán hacer Lorenzo Franco, Andrés Panduro y Juan Carlos Rumbo, quienes recibieron aquel 1 de diciembre de 1990 la peor cornada de su vida.
