En palabras a los medios de comunicación, el alcalde de Villarrobledo, Alberto González, ha vuelto a reiterar su “compromiso” con respecto al traslado de la Alcoholera Viuda de Joaquín Ortega, como según ha explicado, “vienen manifestando tanto en su programa electoral como en el posterior trabajo que han venido desarrollando desde que accedieron a la Alcaldía”.
González, ha querido “volver a dejar claro” ante los medios de comunicación, que “es absolutamente falso que su gobierno esté mostrando pasividad ante este asunto, como recientemente ha venido denunciado Podemos Villarrobledo”. En este sentido, ha recordado que los representantes municipales y de la empresa “se han reunido en varias ocasiones y desde el Equipo de Gobierno les pidieron que presentaran un plan de viabilidad para dicho traslado”. Según ha revelado, “la empresa ya presentó este plan de viabilidad a finales del pasado año, como avanzara en su día el concejal Juan Luis Iñiguez”.
Fruto del “compromiso férreo” que según el primer edil tienen con este asunto, es que la próxima semana volverá a haber un encuentro con la empresa y también con miembros del Gobierno de Castilla La Mancha, “para establecer un estudio técnico que elabore un traslado efectivo y que se proponga en el menor tiempo posible”.
Insiste el primer edil que con “estas actuaciones que se están llevando a cabo, es evidente que el trabajo municipal para solucionar este asunto es firme y que junto al apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha van a facilitar el traslado de la Alcoholera Viuda de Joaquín Ortega hasta las instalaciones de la Carretera de Barrax”.
El alcalde ha querido recordar que “este compromiso del PSOE no es nuevo y no es la primera vez que la fábrica en cuestión es objeto de denuncias”. De hecho, “el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a fecha 28 de noviembre de 2006, acordó “ancionar a Viuda de Joaquín Ortega S.A. con una multa de 342.556,12 euros , por presunta infracción a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos”. Así la Junta imputaba a la empresa alcoholera infracciones por “abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos” y “falta de etiquetado incorrecto o parcial de los envases que contengan residuos peligrosos”, entre otros.
“Esta sanción llegó después de que técnicos del Servicio de Evaluación Ambiental de la Delegación de Medio Ambiente en Albacete hicieran una inspección en la alcoholera el 14 de junio de 2006, inspección que se produjo motivada tras las denuncias del propio Ayuntamiento de Villarrobledo y del SEPRONA, además de las denuncias de los vecinos de la zona”, han explicado desde el Ayuntamiento.
La empresa recurrió la sanción ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y entre sus alegatos señalaba que “la actuación de la Administración autonómica vendría condicionada o viciada por un ánimo de persecución que tiene su origen en la actitud del Alcalde de Villarrobledo, sometiéndose en definitiva a la empresa a una persecución”. Por aquél entonces, el alcalde de Villarrobledo era el hoy delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruíz Santos. Según la empresa “esta persecución por parte del entonces alcalde venía motivada por el intento de trasladar sus instalaciones, algo que no llegó a producirse”.
El Alto Tribunal castellano-manchego estimó parcialmente el recurso de la alcoholera pero solo para reducir en algo más de 6.000 euros la sanción inicial impuesta por la Junta que ascendía a 342.556,12 euros. El TSJCLM ratificó tres de las cuatro sanciones impuestas por el Gobierno regional. Y la cuarta no llegó a reconocerla al considerar que un mismo hecho (infracción en este caso) “se tipifica indebidamente con dos imputaciones”, según consta en la sentencia.
La empresa alcoholera llevó la decisión del TSJCLM ante el Tribunal Supremo que desestimó el recurso de casación presentado por la entidad.
