El secretario regional de CCOO, José Luis Gil, ha pedido al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «erradicar de inmediato» la Ley de Garantía de los Derechos Sociales Básicos, aprobada por la anterior presidenta del PP, María Dolores de Cospedal, que ha supuesto el «ataque más duro» que han sufrido los empleados públicos de la región.
En rueda de prensa, acompañado de la coordinadora del Área Pública y secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO en la región, Chelo Cuadra, de la secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, Carmen López, y de la secretaria la Federación de Enseñanza, Mercedes Gómez, el líder regional de este sindicato se ha mostrado confiado en que este mes noviembre el Gobierno regional abone el 25% de la extra del 2012 que aún adeuda a los empleados públicos de la región.
Luego de demandar un acuerdo en las Cortes de todas las formaciones políticas, incluido el PP, para poder reclamar al Gobierno central que desbloquee el conflicto de la jornada laboral de 35 horas y el relativo a las tasas de reposición, ha pedido también a PSOE y Podemos que despejen «cuanto antes» la «incógnita» de los presupuestos para el 2017, pues considera que tiene que haber un acuerdo «tácito» de esas fuerzas políticas.
«Quiero tranquilizar a los empleados públicos con la subida la salarial de 2017. Se han dicho muchas cosas, pero tengo la convicción de que si el presupuesto es el de los partidos políticos que sustentan al Gobierno, habrá presupuestos. Confío en su inteligencia para que ese presupuesto contemple la subida salarial que el Gobierno de España aplique a los empleados públicos a nivel general. No puede ser una coartada para no hacerlo», ha dicho.
LA JUNTA, «TREMENDAMENTE POCO OPERATIVA»
Y es que el líder regional de CCOO ha defendido que el momento actual, el de elaboración de presupuestos, es el «más dulce» para hablar con el Gobierno regional sobre los problemas de los empleados públicos, pues la Administración se muestra «diligente, sensible, preocupada y ofrece espacios de interlocución ante sus dificultades, pero es tremendamente lenta y poco operativa».
«Menos sensibilidad y más eficacia para resolver los problemas de los empleados públicos. Hay elementos que queremos que se corrijan de inmediato», ha demandado Gil, que ha reclamado erradicar «de inmediato» la aún vigente Ley de Garantías, «que tenía una paternidad claramente ‘popular’ y que fue el inicio dramático de la pérdida de los derechos de miles de empleados, conquistados durante años con esfuerzo y paciencia».
De igual modo, ha lamentado que a día de hoy esté sin resolver el Plan de Salud Laboral, el Plan Social y el Plan de Igualdad, del que ha dicho que, a pesar de estar prácticamente ultimado, «falta voluntad política para ponerlo en marcha».
«Hay que darle un empujón serio, y cerrarlo antes de fin de año», ha dicho en referencia al convenio de los laborales que lleva «una lentitud exasperante». «No es de recibo que estemos en mantillas en la negociación», ha agregado Gil.
Dicho esto, ha pedido al Ejecutivo autonómico que ponga en marcha, en estos dos meses que quedan para finalizar el año, todas estas reivindicaciones y no esperar al 1 de enero para empezar a hablar. «El 1 de enero tiene que estar todo convenido, para que en el verano de 2017 las cosas añejas se pongan en marcha», ha concluido.
MÁS PERSONAL EDUCATIVO
De su lado, la responsable de la Federación de Enseñanza, tras mostrar su «alegría» ante la disposición del Gobierno regional de bajar las ratios de alumnos, ha incidido en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para acabar con las altas cotas de pobreza infantil que se dan en la región.
Para ello, ha precisado, es necesario reforzar las plantillas de profesores y del personal educativo, recuperar los apoyos en Educación Infantil o en Formación Profesional y convocar ofertas de empleo público en Secundaria, a fin de reducir la carga de trabajo de los docentes.
Mientras, la responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato ha advertido de que en materia de servicios sociales queda mucho por hacer, aludiendo a la Relación de Puestos de Trabajo en residencias o centros de menores.
«Lo esencial no es que el Gobierno regional las negocie sino que las ponga en funcionamiento ya», ha dicho López, que ha urgido a la Administración autonómica a dar un impulso al convenio colectivo de residencias para que entre en vigor a final de año.
LA SANIDAD, EN RETROCESO
Por último, la coordinadora del Área Pública y secretaria general de la Federación de Sanidad, a pesar de valorar las contrataciones de cerca de 400 personas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, para compensar la entrega en vigor de la jornada laboral de 35 horas, y que 1.400 empleados hayan pasado a ser interinos, ha lamentado que ese «buen inicio ahora esté suspendido y en retroceso».
«Que convoquen la Mesa General para proceder a una negociación real, efectiva y concreta», ha concluido Cuadras.
