El DOCM publica el acuerdo entre Castilla-La Mancha y Estado de estudiar la legalidad de reducción de jornada de funcionarios a 35 horas

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado una Resolución en la que explica el acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General entre el Estado y la Comunidad Autónoma en relación a sendas modificaciones de dos leyes del anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal con las que ahora el nuevo Gobierno ha reducido de 37 a 35 horas la jornada laboral semanal para los funcionarios y se amplía la edad de jubilación de este personal.

Esta resolución, publicada este martes y recogida por Europa Press, recuerda que el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones es “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas” entre los gobiernos nacional y regional, así como designar un Grupo de Trabajo para proponer la solución que proceda.

La Comisión Bilateral tendrá lugar el próximo miércoles 6 de abril, y en ella participarán representantes tanto de la Administración General del Estado como de la Comunidad Autónoma con el objetivo de analizar la legalidad de la implantación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, vigente desde el pasado 1 de enero,

Este estudio viene a raíz de que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy inició el procedimiento al objeto de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley impulsada por el PSOE y aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El pasado 12 de febrero la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas recibió un fax del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el que tuvo conocimiento de la intención del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy de iniciar el procedimiento para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, la Ley 7/2015 de 02 de diciembre, que establecía la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos desde el 1 de enero y la ampliación de la edad de jubilación del personal funcionario y estatutario de la Junta de Comunidades.

Mediante esta comunicación se instaba a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a iniciar el trámite para buscar una solución y evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado.

Será en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la que la región defenderá que se ha actuado respetando en todo momento la legislación vigente.

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