Cada cambio de ciclo, y casi siempre coincidiendo con la pérdida de poder municipal, el Partido Socialista ha asomado el espantajo de la supresión de las Diputaciones Provinciales como bálsamo reparador a las crisis económicas e institucionales que han ido sacudiendo a España en los últimos cuarenta años.
Finalmente, y después de muchas legislaturas reclamando por parte de todos los grupos políticos una verdadera reforma de las Administraciones locales, ha sido el Partido Popular quien se puso manos a la obra, con el objetivo nítido de evitar duplicidades, clarificar competencias y modernizar el servicio que se presta a los ciudadanos.
Reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales como hizo el Partido Popular la pasada legislatura no ha sido un brindis al sol, sino una apuesta por llevar todos los recursos de que disponen las entidades locales al Medio Rural, ahorrando costes a las arcas públicas y agilizando los medios para conseguirlo.
Llegar a todos los núcleos de población con la capilaridad de sus iniciativas, y brindar la oportunidad a los vecinos de la provincia de tener cubiertos servicios públicos básicos como es recogida y tratamiento de residuos, asistencia urbanística, extinción de incendios, gestión tributaria, acceso a la administración electrónica, mejora de infraestructuras (cementerio, calles, colegios, alumbrado…), o cooperación jurídica a los Ayuntamientos, entre otras, no es ninguna tontería.
Negar a las diputaciones provinciales sería tanto como negar la realidad de la España de nuestros días, y en ello están, y a esa conclusión han querido llegar, quienes en la búsqueda de una supervivencia política pura y dura, han pretendido establecer un cordón sanitario al Partido Popular, sin darse cuenta de que a quien verdaderamente se lo establecen es a los vecinos de nuestros pueblos, a sus cooperativas agroalimentarias, a las explotaciones agrícolas y ganaderas, a la vid y al olivo, a las bodegas, al emergente turismo rural…
Tal es el afán derogatorio de la obra reformista de Mariano Rajoy, realizada -dicho sea de paso- en las más difíciles circunstancias que se recuerdan: crisis económica de caballo; ruinosa herencia de los gobiernos de Zapatero que dejó tiritando las prestaciones sociales en 2011; y el crudo desafío nacionalista de quienes vieron la ocasión de poner en jaque la cohesión territorial y la unidad de España.
Así pues, nos han querido presentar a las Diputaciones como auténticas cabezas de turco en el pacto de El Abrazo, de Juan Genovés, símbolo de la reconciliación en la época de la Transición, cuando, en realidad, el pacto de Sánchez y Rivera no es ni el del abrazo, ni es el de la reconciliación, sino una puñalada trapera al futuro de nuestros pueblos.
Corresponde ahora al PSOE, y en concreto al presidente de la Diputación de Albacete, explicarnos a los alcaldes tan solemne acuerdo de su secretario general, sobre el que descansa el presunto pacto de gobernabilidad para España.
Ellos sabrán si esto es lo que han dado en llamar ‘la nueva política’.
Antonio Serrano
