La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF), entidad nacional creada con el objetivo de defender y proteger a los perjudicados por las posibles prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades financieras, se ha reunido este miércoles en Albacete con afectados por el escándalo de los motores diésel de Volkswagen. El encuentro se ha celebrado en el Gran Hotel Albacete y está abierto a propietarios de vehículos Audi, Seat, Skoda y Volkswagen, afectados por el presunto fraude de control de los gases contaminantes. La entrada ha sido libre hasta completar aforo. Previamente al encuentro con afectados por el caso Volkswagen, la APDEF se ha reunido con afectados por productos financieros tóxicos.
El caso Volkswagen ha salpicado a un gran número de españoles, según el abogado Segundo Dehesa, representante de APDEF en Albacete alrededor de 900.000 españoles, por lo que calcula que en Albacete serían aproximadamente 20.000 los coches afectados.Por ese motivo, la reunión de esta tarde ha levantado el interés de un gran número de albaceteños. El abogado explica que el principal problema es “la falta de información de un problema real”. Por eso, en la reunión ha dado nociones a los a los interesados sobre como actuar judicialmente y las distintas vías para hacerlo.
Más de un millar de personas se han puesto en contacto con la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras exponiendo su caso e interesándose para personarse conjuntamente con la asociación en la querella criminal que la entidad presentó a finales de octubre contra Volkswagen, SEAT y 24 de sus máximos directivos por “estafa, publicidad fraudulenta y un delito contra el medio ambiente”. Además señalan que de estas personas, un centenar de afectados de toda España ya se han adherido a la querella y cerca de una treintena han optado también por la vía civil para demandar a Volkswagen y reclamar al consorcio alemán una indemnización por daños y perjuicios.
La APDEF presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra el consorcio alemán, SEAT y 24 de sus máximos directivos. La querella, que propició la apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional, recoge que Volkswagen habría hecho publicidad engañosa de sus vehículos al haber emitido “publicidad falsa sobre las características contaminantes de sus vehículos señalando que se cumplía con la normativa europea de emisiones (Euro 5 y Euro 6) y que estos automóviles serían eficientes desde el punto de vista de las emisiones contaminantes”.
Sobre el delito medioambiental, en el documento se recuerda que, según las leyes españolas, “será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial (…) quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas”.
Y sobre el presunto delito de estafa, aseguran desde la asociación que la maniobra de Volkswagen AG, Volkswagen y Seat se demuestra por el “engaño”. La empresa “Volkswagen introdujo el programario en los motores de estos vehículos porqué, en el momento de realizar los ensayos de mediciones en servicios técnicos para obtener la homologación, estos cumplieran con la normativa Euro 5 sobre las emisiones de gases contaminantes”, como recoge la querella.
