/Llanos Esmeralda García/
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete acogerá el próximo martes un juicio por un delito de estafa en el que está implicado el gerente de una promotora de la ciudad. El acusado supuestamente firmó un contrato con una pareja para la compra de una vivienda unifamiliar en Valdeganga, “nunca construyó” y de los que se quedó el dinero pactado. El fiscal pide por estos hechos una pena de dos años y medio de prisión, multa de 10.800 euros e indemnizar a los perjudicados en 40.000 euros.
Hechos
El escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, establece que, en virtud del contrato suscrito en Albacete el 30 de mayo de 2007 por parte de dos personas con el que adquirieron de una sociedad de promociones, en cuyo nombre actuaba como apoderado el acusado, un adosado unifamiliar que la promotora “decía estar construyendo en un solar de su propiedad en Valdeganga”. En el contrato se fijó un precio para la adquisición de la casa de 172.000 euros más el 7% de IVA, acordaron que, a la firma del contrato, los compradores entregarían 40.000 euros y el resto cuando obtuvieran la declaración de obra nueva y cédula de habitabilidad. Los compradores dieron el dinero establecido, la empresa expidió la factura, “sin que a día de hoy se haya iniciado la construcción de la vivienda, ni se haya devuelto a los compradores el dinero”.
La promotora fue constituida en Albacete el 28 de febrero de 2007 nombrándose como apoderado al acusado en virtud de escritura otorgada en Almería el 21 de mayo de 2007, dicta el escrito de acusación, “acordándose que el apoderado pudiera ejercer la totalidad de las funciones que se le otorgaban, como contratos o transacciones”. En virtud de escritura otorgada en Valencia el 23 de enero de 2008 el acusado, “actuando como apoderado de la promotora vendió, por 3.100 euros a una empresa de construcciones la totalidad de las acciones de la promotora”. En fechas posteriores al comprobar dicha empresa “que no podía llevarse a cabo la construcción de las viviendas a las que se había comprometido el acusado, y de las cuales había recibido parte del precio, por carecer de las licencias y proyectos preceptivos, volvió a vender las acciones de la empresa a otra sociedad de construcciones de Albacete en virtud de escritura otorgada en Albacete el 14 de marzo de 2008 por un precio conjunto de 3.100 euros. Ésta última sociedad actuó en dicha escritura representada por una mercantil, cuando en verdad era el acusado el que actuaba como administrador de hecho de la empresa de construcciones y el que decidía la totalidad de las operaciones que se realizaban en la misma”.
