Tras la Mesa Técnica celebrada este jueves, ANPE Albacete ha afirmado que «se confirma que esta Consejería de Educación no revierte los recortes de la anterior y además sigue recortando con nuevas Supresiones, Desplazamientos y Amortizaciones de docentes en los Centros Educativos Públicos de Castilla La Mancha».
Para ANPE «la situación de las plantillas de la que partimos en Castilla-La Mancha hace necesario un cambio de rumbo en la política educativa de la Región. Son más de 400 los maestros suprimidos, desplazados y provisionales actualmente en Castilla-La Mancha, a los que hay que añadir las 684 plazas de profesores amortizadas en los centros de enseñanzas medias».
Detalla el sindicato mayoritario en la docencia que» para este próximo curso 2016/17, «la propuesta de la Consejería de Educación es eliminar otras 83 plazas de maestros y 124 de los cuerpos de enseñanzas medias», calificándola de «una absoluta irresponsabilidad del actual Gobierno obviar la situación tan complicada de la que se parte y ahondar aún más en la misma».
Para ANPE es imprescindible la negociación de un Acuerdo de plantillas, que solucione «los desajustes que hay entre la plantilla orgánica de los centros y la plantilla real de los mismos. Un acuerdo que revierta los efectos del incremento de horarios y de ratios ilegales sobre las plantillas que se mantienen desde 2012, y que fije los criterios anteriores a los recortes para la creación de plantillas. Asimismo, la negociación debe ir acompañada de la definición de un modelo bilingüe previo a la modificación de las plantillas».
Además, para los docentes suprimidos, amortizados, desplazados o provisionales, se debería negociar y establecer unos criterios para que no queden en situación de indefensión laboral ni se produzcan agravios comparativos con otros docentes, según ANPE, que considera que «la merma de recursos humanos en los centros públicos, así como las supresiones, amortizaciones y desplazamientos de docentes funcionarios de carrera, unido a una menor contratación de interinos, suponen un retroceso en la calidad de la educación y afectan de manera directa a profesorado, alumnado y familias».
