La Junta iniciará en 2016 los trámites de una ley de ordenación del territorio que incentive la creación de empresas

El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé arrancar en 2016 con los trámites de varios proyectos de ley, entre ellos una Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) que recoja en su texto medidas para incentivar la creación de empresas en suelo castellano-manchego, o una ley de desarrollo rural que permita “blindar derechos” en los pueblos de la región.

Así lo ha desvelado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en una entrevista con Europa Press, donde ha añadido que entre los textos legislativos que la Junta quiere promover en este ejercicio se encuentran además una Ley Social de Vivienda, una Ley de Infancia o la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo procedimiento ya ha arrancado.

Sobre esta iniciativa, ha puesto el acento en que establecerá un régimen sancionador para gobernantes que lleven a cabo “ejemplos de mala política” y actúe contra aquellos dirigentes que, por ejemplo, “no devuelvan los teléfonos móviles” al dejar su cargo o “no realicen sus declaraciones de bienes”.

Igualmente, esta medida tiene la intención de reglamentar que los cónyuges de los cargos políticos también estén sometidos a tener que dar explicaciones sobre su patrimonio, además de que será “mucho más ambiciosa” que la que el anterior Gobierno proyectó y no llegó a aprobarse.

Entre las leyes importantes cuyo trámite se quiere acelerar este año, ha destacado la ley electoral, que precisará en un primer momento la reforma del Estatuto de Autonomía para aumentar la horquilla de diputados a elegir, ante la que ha dicho que “no será fácil” consensuar este cambio estatutario.

El trámite exigirá que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado refrende este cambio, por lo que ha dicho que, con la actual aritmética parlamentaria que da al PP mayoría absoluta en la Cámara Alta, los ‘populares’ estarán “obligados” a apoyar esta reforma ante el resto de grupos políticos, ya que estarán “contra la espada y la pared”. “Y ellos verán si quieren quitar la espada o quitar la pared”.

LAS “MENTIRAS DEL PP” DEBERÍAN TENER “CONSECUENCIAS JURÍDICAS”

Nacho Hernando se ha referido al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año, lamentando que el PP hable de las partidas que contemplarán cuando todavía no ha visto las cuentas.

Así, ha criticado que las “mentiras” del PP al respecto de lo que reflejarán las cuentas “resten credibilidad al proceso” y estén vertiendo “injurias continuadas sin ningún tipo de fundamento jurídico”.

Ante estas “mentiras”, ha sugerido que debería haber no solo consecuencias políticas, sino también “jurídicas”. “No se puede engañar a la gente si haber visto nada del presupuesto”, ha subrayado Hernando, quien ha puesto como ejemplo que los ‘populares’ han dicho en reiteradas ocasiones que se van a subir los impuestos “cuando no es así”, precisando que uno de los pocos cambios en este sentido es que las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones serán del cien por cien para la mayoría de ciudadanos, reduciéndose hasta el 80% en el caso de las sucesiones más altas. En todo caso, ha enfatizado, el 97% de la población se beneficiará de un cien por cien de bonificación.

BALANCE EN SANIDAD

Repasando la acción de Gobierno desde la toma de posesión de Emiliano García-Page, se ha referido al apartado sanitario, asegurando que es una de las áreas con más cambios con respecto a la pasada legislatura.

Así, ha recalcado que el Plan Dignifica ha hecho que la espera de urgencias para ser ingresado se haya reducido hasta una media de seis horas, que se hayan abierto 202 camas en centros hospitalarios, los 500 millones de euros previstos en los próximos años para nuevos hospitales o la previsión de contratar a 1.042 profesiones sanitarios, algo que “no se hace para generar empleo, sino para apuntalar los servicios de calidad”.

También se ha referido al portal de transparencia, en marcha desde el mes de noviembre, y que, en su opinión, servirá para sacar este asunto del “rifirrafe” político”, algo que también ha considerado como un logro de esta administración.

La revisión del convenio sanitario con Madrid para los ciudadanos de las zonas de Toledo limítrofes con la Comunidad Vecina es otro de los aspectos que ha querido destacar, avanzando que en próximas fechas arrancará una campaña de información para explicar a estos vecinos las ventajas de tener como referencia el hospital de Toledo y no hospitales “de juguete” en Madrid a los que se destintan “75 millones de euros” porque son privados y no están suficientemente financiados.

En cuanto al área sanitaria, ha querido detenerse en la manera de afrontar el brote de legionela en Manzanares, asegurando que a partir de ahora y gracias a la actuación de este Gobierno la revisión de fuentes ornamentales tendrá más atención en futuros casos en el resto de España a raíz de la labor llevada a cabo en la Comunidad Autónoma.

Sobre otras áreas de Gobierno, ha resaltando la labor de Patricia Franco al frente de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y las iniciativas del Plan de Empleo y del Plan Adelante, que se presentará el próximo martes y que servirá para incentivar la creación, ampliación e internacionalización de empresas.

Hablando de la cartera que ocupa Aurelia Sánchez en Bienestar Social, ha celebrado que ya se hayan aligerado 2.500 solicitudes de Dependencia de las más de 26.000 pendientes cuando cambió el Gobierno, algo que se ha conseguido “gracias a contratar 43 personas para dedicarse exclusivamente a ello”.

Como otra de las “medidas estrella” de este Ejecutivo, ha puesto de relieve la gestión del Plan de Desarrollo Rural a través de la Consejería de Agricultura, “que ha conseguido salvar 1.500 millones de euros que se iban a perder, lo que hubiera traída consecuencias políticas para el anterior Gobierno que deberían de ser hasta penales”.

Por último, se ha referido al pacto de investidura con Podemos, indicando que en el caso de Castilla-La Mancha no se pone en duda la unidad de España, como sí pasa a nivel nacional, resaltando que se trata de “un pacto razonable, basado en rescatar a familias y a empresas” y añadiendo que su grado de cumplimiento va “en muy buen camino”.

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