FACUA-Consumidores en Acción alerta de que Movistar “vuelve a incumplir sus compromisos de permanencia y sube las tarifas de ADSL y Fibra”. En esta ocasión, explica FACUA, aumentará la factura en dos euros mensuales a todos los clientes -particulares y empresas- que tengan contratados servicios de internet -ADSL y Fibra- y que no cuenten con ninguna de las modalidades de la oferta convergente Movistar Fusión.
“La subida es ilegal”, sentencian desde FACUA, “dado que no lleva aparejada ninguna mejora en el servicio ni en las prestaciones ofrecidas y no respeta ningún compromiso temporal con los clientes”. FACUA recuerda que la subida de precios tiene que estar justificado en un motivo válido expresamente previsto en el contrato. Así lo recoge el artículo 9 del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas. El incremento será efectivo el 1 de enero de 2016, por lo que la compañía ha comenzado ya a avisar a los afectados a través de sus facturas.
Estas prácticas, repetidas cada varios meses, “convierten los servicios de telecomunicaciones en mercados inseguros y opacos, en los que al usuario le resulta imposible comparar y elegir la mejor opción, dado que las condiciones de contratación terminan resultando tan efímeras que se convierten en un señuelo para captar clientes”, critican desde FACUA, que considera que el dinamismo propio del sector de las telecomunicaciones, cuya tecnología cambia a gran velocidad y por tanto las prestaciones que puede ofrecer a los usuarios, “debe ser compatible con la seguridad jurídica en la contratación y con el equilibrio contractual entre las partes”.
La asociación recuerda que la política de modificación continua de tarifas y otras condiciones contractuales, “sin respetar ningún compromiso temporal ni garantizar una duración mínima de los contratos, es una práctica abusiva”. Así lo recoge la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 85, que establece como abusivas “las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario“. Más concretamente, el artículo especifica en su punto 4 que también lo son “las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo desproporcionadamente breve”, y en su punto 7 que lo son “las cláusulas que supongan la supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del empresario para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor y usuario se le haya exigido un compromiso firme“.
FACUA lamenta “la laxitud de las administraciones ante prácticas abusivas como esta de parte de las compañías que, pese a lo recogido en la legislación vigente, no protegen los derechos de los consumidores con actuaciones sancionadoras ni de control de mercado”.
Baja sin penalización alguna
FACUA recuerda a los consumidores afectados por esta nueva subida de tarifas “que los clientes con contratos de permanencia tienen derecho a que la compañía mantenga las tarifas durante su vigencia”.
La asociación considera que “pueden exigir que sea la compañía la que les abone las cuantías establecidas en los contratos de permanencia por su incumplimiento, en aplicación del principio de reciprocidad. Estos contratos no vinculan solo a los usuarios, sino también a las compañías, que tienen que respetar las tarifas durante su vigencia”, valora FACUA.
Asimismo, la asociación insta a los afectados a que presenten denuncias contra Movistar ante las autoridades de protección al consumidor “para exigir el mantenimiento de las tarifas contratadas o darse de baja sin pagar penalización alguna”.
Denuncia de FACUA por la “subida ilegal” de precios de Movistar Fusión
Más de 6.300 usuarios han pedido ya a FACUA personarse, de forma gratuita, en la demanda contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. La asociación denunció a esta empresa después de que el pasado mayo la compañía decidiese subir 5 euros mensuales las tarifas de Movistar Fusión, a pesar de que Movistar las había lanzado en 2012 con el compromiso de mantenerlas “para siempre“.
La denuncia fue admitida a trámite y el pasado 13 de noviembre se publicó el auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid que llama a casi 4 millones de usuarios a sumarse, de forma gratuita, a la demanda. Los afectados pueden personarse en la causa para reclamar la devolución del dinero cobrado de más o el pago de compensaciones económicas si se dieron de baja antes como consecuencia de la misma. Asimismo, FACUA indica que quienes tuvieran contratos de permanencia y se diesen de baja, podrán reclamar en los tribunales que el operador les abone los hasta 190 euros establecidos como penalización si se incumplen sus condiciones, “que en aplicación del principio de reciprocidad vinculan tanto a los usuarios como a la empresa”.
