/Llanos Esmeralda García/
El pasado 15 de enero de 2015 la Sociedad Albacetense de Ornitología, SAO, presentaba una denuncia en el Juzgado de Instrucción número Uno de Albacete por presunta prevaricación por omisión y dejación de funciones, contempladas en el art. 404 y 408 del Código Penal, por parte de la Consejería de Agricultura “nos presentamos como parte interesada en relación a los expedientes sancionadores por el uso ilegal de venenos”, detalla Julia Giménez, miembro de la SAO, quien en este sentido detalla que: “La Consejería de Agricultura nos facilitó un listado con los expedientes sancionadores y a raíz de ahí intentamos pedir información del estado de ejecución en el que se encontraban cada uno de esos expedientes. Una vez en nuestro poder nos dimos cuenta de que en muchos de esos expedientes tenían una propuesta de resolución pero, cuando esos expedientes llegaban a Toledo para que se firmase la resolución definitiva, o no se firmaba o si se firmaba no se ejecutaba esa resolución”, así detallan desde la SAO que “la persona que había cometido ese delito o infracción se quedaba sin sancionar”.
En dicha denuncia, insiste la SAO, se pone de manifiesto una “estadística negativa” entre los años 2011-2013 en “la persecución administrativa del uso ilegal de venenos en diversas fincas y cotos privados de caza de la provincia de Albacete, bien por caducidad de expedientes, prescripción de la acción, falta de ejecución de las sanciones con correlativa prescripción de la misma, ausencia de incoación de expedientes, y una serie de omisiones reiteradas y coincidentes en esta materia persecutoria que impone no ya la normativa estatal, sino el Proyecto Life + Veneno Life08 que se aprobó con el fin de lograr una reducción significativa del uso ilegal de veneno en España entre los años 2010 y 2014, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40%, siendo beneficiada la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, con esta supuesta conducta omisiva de conclusión/resolución de expedientes no se atiene a los presupuestos de concesión de tales ayudas”.
El 4 de mayo de 2015 el Juzgado de Instrucción Número Uno de Albacete decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones “por considerar que son meras irregularidades que pueden ser recurridas en el orden Contencioso Administrativo y nos dan opción de recurso de reforma en tres días”, explica Giménez. En julio se desestima el recurso de reforma “ya que las sospechas por el posible delito no sirven para incoar un procedimiento en vía penal, y nos dan cinco días para presentar recurso de apelación”, esgrime Giménez. Así, con fecha 4 de noviembre 2015 la Audiencia Provincial de Albacete, Sección Segunda, dicta auto estimatorio de apelación formulada por la SAO, contra la decisión de sobreseimiento provisional que acordó el Juzgado de Instrucción. La Audiencia Provincial procede a estimar el recurso de apelación el pasado 10 de noviembre dejando sin efecto el sobreseimiento y dice, según la SAO que: “Se inicie el procedimiento ya que considera que la denuncia no es infundada y ante la posibilidad de indicios de delito, por lo que debe iniciarse la oportuna investigación”, matiza Giménez que “han visto que existen los fundamentos necesarios para, por lo menos, iniciar las investigaciones oportunas”.
