Parece mentira que haya hecho falta un informe del secretario del Ayuntamiento de Albacete para certificar una obviedad: las mociones aprobadas en un Pleno no tienen carácter ejecutivo, sólo son propuestas a la junta de gobierno o al alcalde, que son quienes por ley tienen las competencias en la administración municipal (salvo las reservadas al propio Pleno). Y parece mentira, sobre todo, que haya que aclararle esto al PSOE o a Izquierda Unida, que no son recién llegados: son partidos con experiencia de gobierno, que deberían saber cómo funciona el sistema.
Varias veces le he leído a mi buen amigo Ramón Bello Serrano la expresión “liturgia democrática”. La democracia, efectivamente, precisa de una liturgia, de unos modos de actuación que todos han de respetar: los procedimientos son el camino irrenunciable para llegar a los fines de un sistema como el nuestro, el “cómo” no es menos importante que el “qué”. Para alcanzar el fin último (el respeto a la soberanía popular) es imprescindible hacerlo por unos medios establecidos previamente; de otra forma, cada uno marcaría sus propias normas según su interés personal o momentáneo, que no siempre coincide con el interés colectivo.
Pues bien. La liturgia democrática, en el caso a que nos referimos, es bien clara y se recoge en las leyes. Los albaceteños designamos con nuestros votos a los concejales que nos representan, quienes, a su vez eligen a su (nuestro) alcalde y al resto de órganos decisorios. A partir de ahí cada uno tiene sus competencias bien delimitadas. Las mociones en Pleno son asimilables a lo que en el Congreso de los Diputados se llaman “Proposiciones no de ley”: el adverbio de negación es bastante claro, son propuestas sin poder de ley, declaraciones políticas que pueden ser significativas pero nunca vinculantes. Si las mociones aprobadas en un ayuntamiento fueran ejecutivas, no se llamarían mociones, sino decretos, ordenanzas, reglamentos… Prueba de ello es que a menudo salen adelante mociones sobre asuntos que no son de competencia municipal: ¿cuántas veces un Pleno ha dado su opinión sobre un tratado internacional, o sobre una guerra, o sobre una ley nacional, sabiendo perfectamente que el alcalde no tiene capacidad para intervenir?
Lo peor de esta polémica es que sus promotores (PSOE, Ganemos y el tránsfuga escindido de Ciudadanos) sólo buscan deslegitimar a un alcalde y a un grupo político que están donde están por el poder de las urnas y de las leyes. Saben los de la oposición que no tienen razón, pero eso les importa poco. Saben que no contribuyen en nada a la buena gestión municipal, pero eso les importa aún menos. No buscan la crítica política, sino la perversión de la voluntad de los ciudadanos. Lo que no ganaron en unas elecciones pretenden forzarlo en un Pleno.
Dimas Cuevas.
Senador del PP por Albacete
