El sindicato CCOO Castilla-La Mancha materializará la semana próxima su denuncia del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta ante la Dirección General de la Función Pública, para que en el plazo de un mes comiencen a negociar el nuevo convenio que afecta a 7.000 empleados de la Administración.
Así lo han avanzado en rueda de prensa la secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Carmen López; el responsable del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Ramón González; el responsable de la Comisión Paritaria Convenio de la Junta de la FSC-CCOO, Fernando Pozo, y la responsable de la Federación de Laborales de Enseñanza, Ana Delgado.
El plazo para denunciar este convenio debe ser tres meses antes de la fecha de vigencia, esto es, el 31 de diciembre. Una vez que se materialice la misma, se reunirá en el plazo de un mes la Comisión Negociadora, se designarán los miembros del sindicato y se establecerá un calendario laboral para iniciar la negociación del siguiente convenio artículo por artículo.
Entre los puntos a cambiar, a juicio de CCOO, se incluyen el aumento de la jornada laboral a 37 horas y media, la rebaja salarial del 3%, algunos puntos del complemento de Incapacidad Temporal (IT) o los aspectos del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos del anterior Gobierno regional que afecta a estos trabajadores.
“Denunciamos este convenio para que en el próximo se visualicen parte de los derecho de los trabajadores que han sido arrebatados por la Junta”, ha asegurado Carmen López.
El sindicato ha reclamado para este proceso un “Gobierno que acabe con el inmovilismo y la ausencia de negociación”, así como el “aliento de trabajadores” por si este Ejecutivo “decide dar un parón a las negociaciones”, además de un equipo de juristas del sindicato “preparados y de todas las provincias”.
Por su parte, González ha señalado que los tres objetivos del sindicato es “mantener lo conseguido”, poniendo como ejemplo que no “se puedan despedir a los trabajadores por causas económicas” o “mantener los 50 kilómetros de negociación en movilidades geográficas”.
En segundo lugar, “blindar la interpretación del convenio colectivo” y por último “recuperar los derechos perdidos”, como la “retirada del decreto ley que implica la práctica ausencia de margen de negociación en los convenios colectivos a nivel autonómico”.
