El exalcalde de Tobarra (Albacete), David D.I., ha defendido que no cumplió el acuerdo del Pleno Municipal de diciembre de 2006 al entender que “ese acuerdo era legalmente dudoso”.
En el juicio celebrado contra él por un presunto delito de prevaricación, el procesado, al que se le acusa de no abonar los 382,09 euros dentro del complemento específico por servicios nocturnos y fines de semana a los policías locales, ha manifestado que ese acuerdo “no se ajustaba a la legalidad”.
El exalcalde ha insistido, en su declaración, en que había una suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre una serie de artículos del acuerdo marco donde se regulaba este complemento, contemplado inicialmente como de productividad.
Por ello, ha dicho, al no ajustarse a la ley ese abono para pagarlo como complemento de productividad, el acuerdo que el Pleno hizo fue el de pagarlo como complemento específico, aunque, según el alcalde, para modificar este procedimiento había que volver a hacer una relación de puestos de trabajo, que estaba en trámite.
El procesado ha admitido también que este conflicto generó “momentos de mucha crispación” y que incuso motivó que la plantilla de Policía Local “estuvo de baja seis meses”.
En el juicio, que se ha celebrado en el juzgado de lo Penal número 1, también han declarado funcionarios del Consistorio, y agentes de Policía Local, que piden que se les indemnice por los “daños morales” sufridos.
Una demanda que obedece, han manifestado, a que muchos tuvieron que ser dados de baja al diagnosticarles cuadros de ansiedad, debido al clima de “presión” vivido por este conflicto laboral.
Según el fiscal, el procesado actuó “con empecinamiento” e incumplió un acuerdo del Pleno, a pesar de los reparos que realizó la Interventora accidental del Ayuntamiento tanto en enero como en febrero de 2007.
La Fiscalía ha mantenido la petición de pena para David D.I., que implicaría inhabilitación para ejercer como cargo público durante ocho años y cinco meses, mientras que la acusación particular pide que esa inhabilitación sea por 10 años y una indemnización de 6.000 euros para cada policía.
