El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete incidió en que solo desde la política se podrá conseguir que no salga adelante el Plan del Júcar, tal y como está redactado en la actualidad y que según el socialista, es especialmente lesivo para los intereses de la ciudad.
El concejal del Grupo Municipal Socialista Ramón Sotos argumentó esta mañana que, para evitar que se consume “una profunda injusticia para los intereses de Albacete”, si se aprueba finalmente el Plan del Júcar, tal y como figura actualmente en su borrador inicial, “Carmen Bayod debe asumir su responsabilidad, situarse al frente de la reivindicación y liderar la Mesa del Agua. Es la hora de la política y la alcaldesa no puede continuar rehuyendo su responsabilidad”.
De hecho, el concejal socialista expresó su preocupación por lo “mucho que estarán disfrutando en la Comunidad Valenciana, por la falta de unidad en Albacete para defender nuestro derecho a agua para beber sin tener que pagar sobrecostes ni tarifas extraordinarias a la USUJ”.
En respuesta a la acusación de Carmen Bayod sobre que “este concejal no hizo nada en 2005, le informo que, precisamente, en calidad de representante del Ayuntamiento de Albacete, me opuse a la decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, como también hizo la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y el Gobierno de Castilla-La Mancha, de cobrar un sobreprecio a la ciudad de Albacete, por el agua que consume en tiempos de sequía”.
Sotos prosiguió argumentando que, también en aquel momento, el Gobierno Municipal, con el apoyo de todos los Grupos Políticos (PSOE, PP e IU), acordó realizar “cuantas acciones fueran precisas para tratar de parar ese atropello. Lo paramos entonces, desde la política, consiguiendo solucionar dos tercios del problema y que Iberdrola renunciara a su pretensión oficial de cobrar a la ciudad 2.100.000 euros. No pudimos hacer lo mismo con los regantes valencianos y por eso recurrimos al tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, después al de la Comunidad Valenciana, finalmente al Supremo y, por último interpusimos un recurso de Casación ante este Tribunal”.
Puesto que el pasado 5 de diciembre el Supremo se pronunció y rechazó este recurso de Casación y, en consecuencia, Albacete tendrá que pagar 1.087.000 euros a los regantes Valencianos por el agua que consumió en la sequía de 2005 procedente del Pantano de Alarcón, “es el momento de que Carmen Bayod se dirija a la presidenta de la Región y número dos nacional de su Partido, María Dolores de Cospedal y solucionen políticamente este conflicto, que supone una injusticia para Albacete”.
El concejal socialista también se refirió a que “la señora Bayod también acusa al PSOE y a mí de tocar la trompetilla y organizar reuniones para parar esta injusticia y subsanar el vació de poder dejado por la alcaldesa, ya que en el Pleno de Agosto decidió echar marcha atrás y se salió del acuerdo municipal de marzo de 2013. Es por este motivo, que la sociedad de Albacete se auto convocó y se constituyó la Mesa del Agua”.
Asimismo, Ramón Sotos solicitó a Carmen Bayod “más respeto a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, UPA, ASAJA, CCOO, UGT, FAVA, UCE, la Universidad y el CREA y otros muchos que nos apoyan y que, al contrario de lo que parece pensar la señora Bayod y de lo que dice en público, no salen detrás cuando alguien toca la trompetilla, sino que lo que demuestran es que Albacete es mucho más que una alcaldesa que se empeña en demostrarnos con sus juicios públicos y declaraciones que le viene grande esta responsabilidad”.
No obstante, Ramón Sotos se dirigió a la alcaldesa para asegurarle que “la Mesa del Agua aún espera para que lidere sus reivindicaciones. No es tarde para que la señora Bayod convoque a la Mesa del Agua y apoye todas las alegaciones que ha preparado este colectivo y las defienda ante Cospedal y el Gobierno de Castilla-La Mancha y ante Rajoy, porque debemos conseguir que el Gobierno de España asuma esos 1,1 millones de euros que nos reclaman los regantes valencianos y, lo que es aún más importante, negociar un nuevo Plan del Júcar en donde, entre otros muchos asuntos, se levante la hipoteca del convenio de Alarcón que aparece en el Plan del Júcar en el artículo 57.2, que es el que nos obliga a pagar ese sobreprecio por el agua que consuma la ciudad en tiempos de sequía”.
