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También plantean medidas sociales para minimizar el coste de las mismas a propietarios beneficiarios de pensiones mínimas y núcleos familiares con todos sus miembros en paro.
La concejala del Grupo Municipal Socialista Marisa Sánchez Cerro informó esta mañana sobre la moción que el PSOE presentará en el Pleno Municipal del Próximo jueves, 19 de diciembre, con la finalidad de “minimizar el impacto que tendrá entre los propietarios de inmuebles con una antigüedad superior a 50 años la aplicación de la ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones”.
Los socialistas señalan que “nos encontramos a finales del mes de diciembre y todavía el Consejo de Gerencia no ha conocido, por lo tanto la ciudadanía tampoco, la relación de edificios que durante el próximo ejercicio deberán pasar la inspección y que serían los construidos durante los años 1953 y 1958, incumpliendo por lo tanto la obligación de publicar, con carácter informativo, durante el último trimestre del año anterior la relación de los inmuebles afectados, lo idóneo, tal y como se recoge en la propuesta socialista, es que el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, “amplíe el plazo para presentar las actas de inspección técnica de los edificios y otras construcciones por un período de seis meses, de tal forma que hasta el 30 de Junio de 2014 se puedan presentar actas de inspección de edificios construidos con anterioridad a 1952”.
Asimismo, la moción del PSOE también contempla que para los edificios construidos entre 1953 y 1958 se habilite una moratoria de tres meses más, de forma que se puedan presentar las pertinentes actas de inspección hasta el 31 de junio de 2015; y que el Ayuntamiento, a través de la Empresa Pública Urvial, realice, previa petición de los interesados, las inspecciones técnicas de edificios y construcciones, cuyos titulares tengan la condición de pensionistas y sean perceptores de pensiones mínimas en cualquiera de sus modalidades, bien sean contributivas o no contributivas, al precio simbólico de 30 euros por acta realizada.
En este mismo sentido, la propuesta también contempla que Urvial pueda asumir, si los afectados así lo desean, las inspecciones técnicas de edificios y construcciones, cuyos titulares forman parte de una unidad familiar con todos sus miembros en situación de desempleo, al precio simbólico de 30 euros por acta realizada.
A través de estas propuestas, tal y como argumentó la concejala socialista Marisa Sánchez Cerro, “se pretende corregir, de una parte, la falta de información con la que el Equipo de Gobierno de Carmen Bayod está aplicando la Ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones, a la par, que se intenta evitar que las familias con dificultades económicas tengan que realizar un desembolso que podría comprometer sus recursos, para cumplir con la Ordenanza”.
