La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete Marisa Sánchez Cerro indicó esta mañana que la nueva ordenanza municipal que regula la Inspección Técnica de Edificios ubicados en Albacete con una antigüedad superior a los 50 años “esté suscitando tanta confusión como descontento entre los vecinos y vecinas de los barrios de la ciudad y sus pedanías”.
Así se expresaba Sánchez Cerro en una rueda de prensa ofrecida hoy en el Ayuntamiento de Albacete, donde también afirmó que “poco ayuda que el titular del área de Urbanismo, Javier Díaz de Prado, lleve casi dos meses y medio sin convocar a la Gerencia, obstaculizando que le podamos trasladar al Equipo de Gobierno las dudas e inquietudes que nos plantea la ciudadanía en relación a la aplicación de esta Ordenanza”, argumentó Sánchez Cerro.
De hecho, la concejala que gestiona en el Grupo Municipal Socialista el área de Urbanismo indicó que esta formación política “aconsejó a Carmen Bayod y su concejal de Urbanismo, hasta en tres ocasiones, la conveniencia de elaborar un convenio con los colegios oficiales de arquitectos y aparejadores, con el fin de fijar los costes que acarrearía para las comunidades de vecinos la inspección de sus edificios, con el fin de orientarles y, a su vez, evitar la especulación que podría generarse en torno a la aplicación de esta normativa municipa”.
Sánchez Cerro apuntó que “en los últimos días, algunas empresas están empezando a ofrecer sus servicios para la realización de la inspección, pero no siempre se realiza de la mejor manera, lo que está provocando gran desconfianza entre los vecinos, que carecen de la información necesaria y temen ser víctimas de un engaño”.
La edil del PSOE hacía alusión de esta forma a como, la semana pasada, durante el transcurso de una reunión con un centenar de vecinos de la pedanía de Santa Anta, éstos, afirma la socialista, “le transmitieron sus dudas y desconocimiento en relación a las implicaciones y alcance de la Ordenanza. Desconcierto que se está extendiendo a otros barrios de la ciudad, ya que algunas empresas han comenzado a buzonear publicidad ofreciendo sus servicios y a colocar carteles promocionales en los centros socioculturales”.
En este punto, la concejala socialista lamentó “la querencia de Díaz de Prado por el ordeno y mando, que es lo fácil, en lugar de detenerse a pensar cómo puede facilitar a las comunidades de vecinos afectadas que puedan cumplir la normativa, con algo tan sencillo como enviarles una carta con información precisa”.
De ahí que Sánchez Cerro informara que, cuando el concejal de Urbanismo “tenga a bien convocar a la Gerencia”, el Grupo Municipal Socialista “solicitará información sobre los edificios que, a falta de tres meses para finalizar el plazo, ya han pasado la inspección, así como la cuantía de los que aún no la han hecho del total de 1.817 que figuraban en el censo municipal con una antigüedad superior a los 50 años”.
Asimismo, la edil del PSOE aseguró que tiene previsto solicitar información para conocer cuantas notificaciones y actas de revisión se han recibido, así como el número de licencias de obra solicitadas para restaurar y acondicionar los edificios que cuenten con informes desfavorables.
Además, Sánchez Cerro expresó la preocupación del Grupo Socialista, porque la Gerencia de Urbanismo “aún no ha aprobado ningún modelo oficial para la subsanación de deficiencias en los edificios, y le recordó al titular de Urbanismo que antes de que concluya el último trimestre del año deben publicarse la relación de edificios que tendrán que pasar la Inspección durante 2014”.
Marisa Sánchez Cerro también dio cuenta de las propuestas que el Grupo Municipal Socialista trasladará al Equipo de Gobierno de Carmen Bayod, “pensando en los ciudadanos que tienen que afrontar la inspección de sus viviendas y no ha dispuesto del tiempo necesario para informarse de lo que esto implica”, aseveró.
Las propuestas del PSOE, detalló la concejala socialista, pasan “por ofrecer una demora de 6 meses a los vecinos y vecinas que en este año 2013 tengan que pasar la inspección de sus edificios y a 31 de diciembre no hayan presentado el informe del estado de los mismos, con el aviso pertinente del proceso, una vez comunicado por el Ayuntamiento”. Una opción que “sería justa y equitativa», a juicio de los socialistas, que acusan al equipo de gobierno de «haber dificultado la entrada en vigor de la normativa”.
Por último, la concejala socialista volvió a incidir en la necesidad de suscribir un convenio de colaboración con los colegios profesionales de arquitectos técnicos y aparejadores, “para que esta norma no se convierta en campo abonado para la especulación y garantizar así los derechos e intereses de los vecinos afectados”, concluyó Sánchez Cerro.
