El sindicato CCOO ha presentado este miércoles en Toledo su estudio ‘Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado’, un informe elaborado por el sindicato en el que pone de manifiesto que en la última legislatura se han perdido un total de 23.000 empleos en esta administración, un número que supone «el diez%» del total de trabajadores que tenía en el año 2011.
El secretario general del Sector de la Administración General del Estado, José Manuel Vera, que ha presentado este informe junto al secretario regional del Sector de la Administración del Estado, Jesús Calvo, y la secretaria regional de la Federación de Servicios al Ciudadano (FSC) del sindicato, Carmen López, ha comentado que este descenso en el empleo ha supuesto que la Administración General del Estado haya pasado de los 227.208 empleados con que contaba en 2011 a los 204.792 que registró en el año 2015.
Vera ha incidido en que el informe de CCOO «refleja claramente que la destrucción de empleo no está relacionada con una menor necesidad, sino con un nuevo modelo con un reducido personal con funciones de control y el resto de los servicios entregados a empresas privadas».
El secretario ha comentado que «un ejemplo de esta privatización es el de la gerencia de informática de la Tesorería de la Seguridad Social, comentando que un empleo proveniente de la empresa privada cuesta 49.000 euros anuales al Estado, mientras que un empleado público tendría un coste de 33.000 euros».
Del mismo modo, ha criticado que «el Ministerio de Defensa, que ha perdido un 21 por ciento del personal, dedique 200 millones anuales a labores que hacía ese personal, cuando tiene un presupuesto de 300 millones».
Vera también ha lamentado las políticas de gestión de personal del Estado, que ha calificado de «preocupantes». A este respecto, ha apuntado que la Administración General del Estado «potencia la discrecionalidad frente a la igualdad, mérito y capacidad».
Sobre este tema, ha señalado que durante el año 2014 «se cubrieron 14.000 plazas mediante proceso extraordinario, mientras que por procedimiento ordinario fueron la mitad».
Además, también ha hecho hincapié en la «temporalidad» en algunos organismos de esta administración. En este punto, ha destacado casos «con una temporalidad escandalosa» como el de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) «que en el ámbito de personal laboral tiene una cifra de temporalidad del 82%».
Asimismo, ha afirmado que, durante la pasada legislatura, las políticas de igualdad «han sido una cuestión estética», asegurando que «en casi todos los grupos de la Administración hay más mujeres que hombres menos en los puestos más altos, que son los de libre designación».
«La conclusión es que se está utilizando la crisis como disculpa para un modelo que quiere reducir empleados hasta el nivel mínimo», ha reiterado Vera.
CASTILLA-LA MANCHA
Mientras, Vera ha detallado que, en Castilla-La Mancha, las cifras de pérdida de empleo en la Administración General del Estado son «algo inferiores» a las nacionales, con la excepción de la provincia de Cuenca.
De este modo, entre 2011 y 2015 en Castilla-La Mancha se pasó de tener 6.957 empleados de la Administración General del Estado a tener 6.433, una pérdida de 524 empleos.
Por provincias, Cuenca ha sido la más castigada con la destrucción del 13,66% del empleo, pasando de 688 a 594 empleos; en Albacete se perdió el 6,87%, de 1.806 a 1.682 empleos; mientras, en Ciudad Real se ha perdido el 9,14%, de los 1.444 trabajadores de 2011 a los 1.312 de 2015.
De su lado, la provincia de Guadalajara registró un descenso del 8,25%, de los 897 a los 823 puestos de trabajo; y, finalmente, Toledo registró una pérdida de 4,71%, pasando de 2.122 a 2.022 trabajadores de la Administración del Estado.
